"Las medidas de activación económica desarrolladas han comenzado a dar el resultado esperado y los indicadores económicos, aunque débiles, muestran con claridad la recuperación del proceso de crecimiento en Andalucía".

Lo afirmó ayer en Granada José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, durante la presentación de la Memoria del Consejo Consultivo correspondiente al año 2010, un acto celebrado en la sede de la institución, en la Plaza de Bibataubín, que congregó, como es costumbre, al quién es quién del mundo político y judicial de Granada.

En su discurso, Griñán puso el acento en que la administración andaluza está "centrada" en combatir los efectos de la crisis, especialmente el desempleo, y explicó que la complejidad del contexto social y económico exige "un esfuerzo en la elaboración de normas" para responder a las necesidades ciudadanas".

Defendió también una regulación de la economía y una política económica, ya que la economía "no sólo ha invadido el territorio y la capacidad de actuación de la política", sino que, lo que es "más lamentable aún", se ha "desembarazado también del Derecho al perseguir y conseguir una desregulación de la que nada justo puede llegar a producirse".

El presidente defendió para Andalucía un modelo de crecimiento "a largo plazo" e incidió en que precisamente a eso se encaminan las iniciativas legislativas que impulsa la Junta. De esa manera, dijo, se fortalecerán los sectores clave. "Esa es la base más sólida para ganara el futuro", recalcó.

En otro momento de su intervención se refirió a una de las medidas más polémicas adoptadas a lo largo del año pasado: la reforma del sector público con la creación de ocho agencias empresariales.

Admitió, en ese sentido, que fue un año "difícil" en la relación entre el gobierno autonómico y los empleados públicos, pero garantizó que "las potestades públicas trasladadas a las agencias empresariales serán ejercidas en su totalidad por personal funcionario" y anunció que una iniciativa legislativa "determinará los centros directivos de la Junta que, necesariamente, deberán ser ocupados por funcionarios de carrera. En todo caso -añadió- en la actualidad casi el 60% de nuestros altos cargos tienen la condición de funcionario público".

El presidente andaluz se refirió también a las iniciativas del ejecutivo que preside vinculadas a la educación, el sector agroalimentario y a la agilización de los trámites administrativos, medidas todas que suponen "una apuesta hacia la sostenibilidad" y a las que también ha contribuido el Consejo Consultivo con decretos como los que regulan el fomento de las energías renovables, la disciplina urbanística o los órganos de ética asistencial e investigación biomédica.

Como era de prever, Griñán dedicó no pocos elogios hacia los órganos consultivos en general -que juegan "un papel relevante en el despliegue del Estado autonómico y la descentralización del poder"- y al Consejo Consultivo en particular, al que definió como "el guardián de la autonomía institucional" y como "una institución de valor estratégico para el correcto funcionamiento de la autonomía andaluza".

"El Consultivo andaluz ha colaborado de modo eficaz en garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y en hacer efectiva la igualdad de oportunidades", significó el presidente, que remarcó que en ese camino las dos instituciones (Consejo y Junta) van de la mano, ya que las cuestiones que atañen directamente al bienestar social y a la calidad de vida de los ciudadanos "son las que más asesoramiento requieren; particularmente cuando van dirigidas a personas con riesgo de exclusión social".

En ese sentido, destacó como logros la aprobación de decretos que "atienden a la protección contra el maltrato infantil, la atención a las personas en situación de dependencia o la regulación de empresas de inserción para personas con discapacidad", así como la creación del Observatorio andaluz, las unidades de igualdad de género o el informe periódico del principio de igualdad.