La Agencia Tributaria instó al constructor granadino a regularizar la situación, antes de presentar denuncia a la Fiscalía. Ocurrió en 2003: Hacienda detectó el impago de impuestos y se dirigió a Ávila Rojas para advertirle de que, en caso de no atender las obligaciones impositivas consecuencia de la compra de las dos fincas, pondría el caso en conocimiento del fiscal. Así lo hicieron los inspectores de la Agencia Tributaria el 4 de diciembre del citado año, tras comprobar que el constructor desatendía la reclamación. Examinada la denuncia, la Fiscalía del TSJA rehusó tramitar diligencias de investigación y directamente presentó querella contra el constructor el 20 de enero de 2004 en los juzgados de Granada.

La querella fue admitida a trámite tras superar una cuestión de competencias para determinar si debían ser los juzgados de Marbella o los de Granada quienes llevasen el peso de la investigación. Antes de ser citado como imputado -declaró en el Juzgado de Instrucción 4 el 11 de mayo de 2004-, los abogados de Ávila Rojas alegaron ante el juez la caducidad de la deuda, pero un informe de la Agencia Tributaria, atendido por el juez, subrayó la vigencia de la deuda contraída con el Erario público por la que ahora ha sido condenado.

Culmina así un largo rosario de denuncias, investigaciones, querellas y juicios por las que el conocido constructor granadino ha sido un asiduo visitante a los juzgados. La operación Malaya, por la que pasó por los calabozos de Marbella hasta salir en libertad bajo fianza, es la más conocida pero no es el único caso judicial en el que se ha visto implicado.

Obras

Las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella a Naviro Inmobiliaria 2000, Turasa, Turpiana y Haviland, sociedades que forman parte del Grupo Ávila Rojas, para construir 411 viviendas en el municipio malagueño entre 2003 y 2005 fueron paralizadas por orden judicial cuando prácticamente estaban concluidas.

Banana Beach

Las licencias mencionadas habían sido recurridas por la Junta en vía contencioso-administrativa, pero las órdenes judiciales llegaron con casi dos años de retraso. Sin embargo, otros proyectos inmobiliarios llegaron a la vía penal, denunciados por colectivos ecologistas o comunidades de propietarios.

Por ejemplo, Banana Beach, un complejo inmobiliario y de ocio que también tuvo en su momento orden cautelar de paralización. La orden fue levantada, pero el proceso continuó y motivó la condena de los miembros de la comisión de gobierno de Marbella que votaron a favor de la concesión de la licencia a Ávila Rojas. Al menos otros cuatro casos siguieron el mismo camino.

Vertidos al Darro

En mayo de 2002 la Audiencia de Granada no observó responsabilidad del constructor en los vertidos detectados al río Darro, procedentes de una granja de su propiedad.

El fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, denunciado además por la Federación Ecologista y el Ayuntamiento de Granada, que también acusó a Ávila Rojas de desobediencia. Aunque se admitió la existencia de vertidos tóxicos entre 1996 y 1997, el juez entendió que no se concretaba el perjuicio grave en el equilibrio del ecosistema ni apreció desobediencia puesto que el constructor recurrió legalmente contra la orden municipal.

Conjunto Occidente

El otro litigio al que tuvo que hacer frente el constructor fue la presunta estafa inmobiliaria del Conjunto Occidente, en el que se vieron implicadas dieciséis personas, entre ellas responsables del antiguo Ministerio de Obras Públicas (MOPU) y Rafael Salcedo, ex delegado de la Consejería de la Junta.

La Audiencia Provincial decidió en marzo de 2003 absolver a doce de los dieciséis acusados, entre ellos José Ávila Rojas -promotor del Conjunto Occidente, construido a mediados de los años 80-, por haber prescrito los delitos de estafa, falsedad e inducción a la prevaricación, ya que habían transcurrido más de diez años desde que, supuestamente, fueron cometidos.

Según los denunciantes, propietarios de las viviendas, se produjeron cambios en los pisos desde que fueron adquiridos sobre plano hasta su entrega una vez construidos.