Granada

Inmigración, violencia de género y drogas, la dura realidad del día a día

  • Se trata de las materias que han generado más volumen de trabajo para policías y guardias civiles en la provincia

  • La Costa, la capital y el Área Metropolitana, las zonas más destacadas

Drogas, inmigración y violencia de género. Este sería, a grandes rasgos, el resumen del curso granadino en materia de sucesos. O al menos, estos son los temas que más han predominado en la provincia durante los últimos nueve meses. La llegada masiva de inmigrantes a la costa -tan solo en lo que va de año han sido trasladadas al Puerto de Motril en torno a 3.000 personas rescatadas en pateras- no deja de crecer y con ella, la falta de recursos para atender a estos migrantes es cada vez más evidente. En materia de violencia de género, Granada se sitúa como la provincia andaluza con más crímenes machistas en lo que va de 2018; mientras que el cultivo y tráfico de drogas -sobre todo el cannabis sativa- mantiene a la provincia en el mapa como uno de los puntos estrella de la marihuana.

Tal y como se extrae de los Balances de Criminalidad publicados por el Ministerio del Interior, durante el 'curso' han sido siete las infracciones penales registradas por homicidios dolosos y asesinatos consumados en la provincia; trece, por agresiones sexuales con penetración y 321 por tráfico de drogas. Mientras que los datos de la inmigración han batido todos los récords.

La incesante llegada de pateras ha evidenciado las deficiencias de la provincia en este aspecto

Inmigración

La crisis social y humanitaria surgida a raíz de la incesante llegada de pateras ha evidenciado las deficiencias de la provincia en esta materia. En la Costa, solo hay un Centro de Acogida Temporal (CATE), que está ubicado en el Puerto de Motril. La instalación solo tiene capacidad para 80 personas y, sobre todo durante los últimos meses, no hay semana en la que el CATE se vea desbordado y se tenga que habilitar otro espacio para acoger a los inmigrantes. Incluso en otras ocasiones se han tenido que trasladar a Granada, propiciando después que, tras la liberación -solo están 72 horas en los centros o espacios de acogida para ser identificados-, se aglutinasen en la estación de autobuses de la capital.

La primera vez que se dio este episodio fue en diciembre, cuando 52 inmigrantes aparecieron en la estación granadina. La última fue en plena celebración del Corpus. Solo unos días después de este episodio, la saturación volvió a desbordar el centro motrileño, por lo que se habilitó como albergue el centro cultural Los Arcos del municipio. Asimismo, el pasado 27 de junio, tras la llegada de 559 inmigrantes en tan solo una semana, Motril cedió el pabellón del polideportivo Emilio Hidalgo, instalación que también se usó el pasado 9 de julio ante la llegada de más de 200 inmigrantes en menos de 72 horas.

La falta de espacio es un problema que se ha ido intensificando durante los últimos años. Ante ello, el anterior Gobierno, con Mariano Rajoy al frente del ejecutivo, comenzó a acondicionar el antiguo pabellón militar EVA-9 de Motril como centro de acogida temporal. Sin embargo, esta medida quedó paralizada tras suscitar el rechazo de los vecinos y del propio Ayuntamiento del municipio porque, según defienden, "no cumple los requisitos necesarios".

Por su parte, la Diputación de Granada firmó un acuerdo con Cruz Roja para ceder el albergue de la Ciudad Deportiva de Armilla para la acogida y atención de los inmigrantes, cuando sea necesario. Será a partir del 1 de agosto cuando la instalación esté a disposición de la ONG.

Ante ello, una de las asignaturas pendientes que mantiene la provincia en este sentido es dar respuesta a la llegada de inmigrantes, tanto a nivel de infraestructuras como de medios, ya que desde los sindicatos policiales también han denunciado estar bajo mínimos para dar una respuesta eficaz.

Precisamente en materia de inmigración, la Guardia Civil realizó entre los meses de enero y mayo la Operación Crucero, que se saldó con 15 detenidos por tráfico y explotación de inmigrantes. La organización criminal trasladaba a las víctimas en pateras y, cuando cruzaban el Estrecho, las explotaban en invernaderos.

Violencia de género

La provincia acapara el 60% de los crímenes machistas cometidos en Andalucía durante el primer semestre del año. O lo que es lo mismo, Granada es la primera provincia andaluza con más muertes por violencia de género en lo que va de año.

Primero fue Pilar, de 56 años, en Guadix, el pasado febrero. Su pareja la mató a martillazos y trató de esconder el cadáver en 'El diente y la muela', un paraje a un kilómetro de distancia del domicilio en el que residían. El agresor fingió que su mujer había desaparecido y, a la mañana siguiente de cometer el crimen -se produjo la madrugada del 4 de febrero-, puso una denuncia por desaparición ante la Guardia Civil.

En mayo, se produjo el segundo asesinato machista, un hecho que sembró de consternación a la ciudadanía a nivel nacional, por la corta edad de la víctima. Se trata de la muerte de Mar Contreras, de 21 años, que fue asesinada de un disparo en el campo de tiro de Las Gabias. La joven falleció a manos de la que había sido su pareja, de 24 años de edad, que se suicidó con la misma escopeta con la que puso fin a la vida de Mar tras cometer el crimen.

Mientras que la última asesinada por violencia de género fue Josefa, de 43 años, el pasado junio en Guadahortuna. Su marido le disparó en dos ocasiones, provocándole heridas en abdomen y cabeza, que finalmente le provocaron la muerte.

Sin embargo, también se conocieron otros episodios en los que la violencia de género también fue protagonista, como la agresión que tuvo lugar el 18 de enero en la que un hombre dejó inconsciente a su expareja en La Chana, tras saltarse una orden de alejamiento; o el episodio que se vivió en Guadix, el pasado 16 de junio, cuando una mujer herida acudió a un establecimiento comercial para pedir auxilio, tras haber sido agredida por su pareja.

Para encontrar cifras similares sobre crímenes machistas, hay que remontarse al año 2011, en el que se registraron un total de tres, misma cifra que se ha igualado en solo seis meses. Hasta el momento, el año negro por violencia de género fue el 2006 en el que se produjeron seis asesinatos.

En la actualidad, el programa VioGen tiene registradas un total de 1.409 mujeres granadinas maltratadas a las que se les hace seguimiento como víctimas de violencia de género.

Agresiones sexuales

Las agresiones sexuales tampoco han pasado desapercibidas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, entre septiembre y marzo (último mes del que se tienen datos) se contabilizaron 21 agresiones sexuales con penetración en la provincia. Una de ellas fue la denunciada por una joven de 25 años el 31 de enero, que se produjo en un domicilio de la calle Gonzalo Gallas y que acabó con la detención del presunto violador.

Asimismo, también fueron detenidas en Granada dos personas -un hombre y su hijastra- por pornografía infantil, a través de una macrooperación policial que se saldó con 24 detenidos a nivel nacional. Durante los registros, los agentes encontraron miles de archivos, vídeos y fotografías de menores víctimas de abusos sexuales.

En este aspecto, otro de los casos más sonoros ha sido el de 'El Canuto'. Se trata de Juan Manuel H. H. conocido como El Canuto, un hombre de El Marchal que tiene más de una treintena de hijos, al que la Junta de Andalucía le retiró la tutela de 13 de ellos a finales de junio. Entre los motivos que propiciaron que Asuntos Sociales se haya hecho cargo de los menores se encuentran el "maltrato físico, maltrato emocional, situaciones de violencia de pareja y otros miembros, negligencias graves y presunto abuso sexual".

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), El Canuto se encuentra en situación de libertad provisional investigado por un presunto delito de abusos sexuales sobre tres de sus hijas menores de edad.

Homicidios, tiroteos y agresiones

Los tiroteos han vuelto a tener protagonismo. La zona Norte, el Albaicín, o el Palacio de Congresos en Granada capital, así como Santa Fe o Fuente Vaqueros. Todos estos lugares han registrado algún intercambio de balas y la gran mayoría propiciados por un ajuste de cuentas. El 25 de enero, un joven de 29 años, fue abordado en la cochera comunitaria de la urbanización Jardines del Violón por varias personas que dispararon contra él, provocándole una herida en la pierna, tras lo que huyeron. Apenas dos semanas después, Santa Fe vivió un episodio similar que acabó con la muerte de un joven.

La tarde del 7 de febrero, un joven de 24 años se estrelló con su coche en la avenida América del municipio tras haber recibido un balazo en el abdomen. El crimen, por el que acabó detenido Rafael R. M. fue el resultado de un problema que la localidad venía denunciando desde hacía tiempo: la marihuana. Precisamente, esta muerte provocó que los vecinos salieran a la calle para denunciar la inseguridad del municipio y exigir más vigilancia policial.

Otro de estos episodios registrados tuvo lugar el 7 de abril en Fuente Vaqueros. Un hombre de 40 años falleció a consecuencia de un disparo en el abdomen. El autor fue la expareja de la actual mujer de la víctima y el móvil habría sido una discusión entre el fallecido y el hijo fruto de esa relación anterior.

Los homicidios por arma blanca tampoco dieron tregua: en Iznalloz, un vecino fue apuñalado por su cuñado tras una discusión familiar; mientras que en el barrio hueteño de Venta Nueva, un hombre fue encontrado en su bar con seis puñaladas y señales de haber recibido una brutal paliza.

Pero sin duda, el que más revuelo suscitó fue la muerte de la bebé hallada el 16 de enero en la planta de reciclaje de Alhendín. Los trabajadores de la instalación, cuando la basura ya se encontraba en una de las fases de reciclaje más avanzadas encontraron lo que parecía el cuerpo del bebe en una de las bolsas. Según reveló la autopsia, la bebé apenas tenía unos días, tenía el cordón umbilical cortado y había nacido sana y en su tiempo.

Pese a que la Guardia Civil inició una investigación al respecto, la falta de pruebas provocó que la causa quedase sobreseída a expensas de nuevos indicios que pudiesen arrojar algo de luz a lo sucedido. Fue dos meses después, cuando una llamada ciudadana sirvió para identificar a la madre de la bebé fallecida. Se trataba de una joven de 23 años que residía en Talará y que, tras su detención, culpó a su padre de la muerte de la menor. Según su versión oficial, el abuelo fue quien asistió el parto y mató a su nieta nada más nacer, golpeándola contra el suelo. Ambos -tanto la progenitora como el padre de esta- ingresaron en prisión.

Al igual que los homicidios, las agresiones por arma blanca tampoco han decaído. En este sentido, destaca la llamada segunda parte del crimen de la niña de Huétor Santillán: el 12 de abril, un hombre de 70 años fue detenido por agredir a otro, de 54, en Pedro Antonio de Alarcón. El herido asesinó a la hija de su agresor en 1985, cuando la niña tan solo tenía cuatro años. Pese al trasfondo de esta historia, ante el juez el agresor alegó que lo ocurrido no fue una venganza, sino que el herido intentó robarle y éste se defendió. Por su parte, la supuesta víctima declaró que "no hubo agresión. Los cortes fueron al intentar coger el cuchillo, de manera accidental".

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