Juana Rivas “no va a eludir” el ingreso en prisión decretado por el Juzgado de lo Penal 1, al que ha vuelto a acusar de no “atender ninguno de los argumentos” que le ha trasladado como parte. Así lo aseguró este jueves el abogado Carlos Aránguez, que representa a la maracenera Juana Rivas, condenada de manera firme a dos años y medio de cárcel por no entregar a sus hijos al padre en el verano de 2017, informó en un comunicado de que el referido juzgado ya le ha notificado que tiene por interpuesto el recurso que presentó contra el auto por el que se acordó su encarcelamiento.

No obstante, ha lamentado que tal notificación y el traslado al resto de partes para que aleguen lo que consideren oportuno en un plazo de cinco días hábiles se haya producido diez días después de la presentación del referido recurso. “Esto deja sin sentido material nuestra petición, ya que se resolverá con posterioridad al plazo concedido para presentar a Juana ante la justicia y proceder a su ingreso en prisión”, indicó Aránguez, quien ha añadió que el recurso contra el encarcelamiento de Rivas se resolverá “después de que haya finalizado el plazo otorgado para ello”, que terminaría este sábado, 12 de junio.

Por otra parte, el abogado de Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha mostrado la negativa al indulto, en cualquiera de sus modalidades, y ha asegurado que su concesión sería “un capricho ideológico de imprevisibles consecuencias”. En un escrito –presentado en la Audiencia de Granada como “parte ofendida” y al que ha tenido acceso Efe– a raíz de la tramitación del indulto, el letrado Enrique Zambrano traslada la negativa de su cliente a su concesión “total, parcial o condicionada” por considerar que no se cumple ninguno de los requisitos legales.

“Su concesión sería un capricho ideológico de imprevisibles consecuencias, salvo excusar (injustamente) públicamente a Rivas, y a la par que condenar (injusta, públicamente) a Arcuri”, recoge el escrito, que sostiene que los relatos de la condenada “se repelen” con las más de 90 resoluciones judiciales que desde 2016 se han generado entre la jurisdicción española e italiana.