La consejera de Gobernación de la Junta, Clara Aguilera, y el delegado del gobierno regional en la provincia, Jesús Huertas, echaron ayer balones fuera cuando se les preguntó su opinión sobre la moción aprobada el jueves por el Ayuntamiento de Armilla, en la que se instaba al ejecutivo autonómico a alcanzar un acuerdo extrajudicial para desbloquear el contencioso, siempre con el permiso del juez, y poder seguir así adelante con las obras del Nevada.

Aguilera dijo que la Consejería de Vivienda -de quien partió en realidad esa iniciativa- está estudiando "fórmulas", pero que no podía avanzar más, salvo que cualquier solución tendría que "salvaguardar el cumplimiento de la ley". Por lo demás, dijo que respetaba la decisión del Consistorio de llevar ese asunto a un pleno extraordinario.

Esa es la postura oficial. Oficiosamente, se sabe que la Junta vería bien un acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor del Nevada, Tomás Olivo, que pasaría necesariamente por que este último accediera a derribar parte del edificio, y confiar en que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo viera en eso un gesto lo suficientemente válido como para levantar la orden de paralización que pesa sobre la obra desde hace más de dos años.

Aun así, quedaría un escollo importante que salvar: la posibilidad de que el Juzgado de Instrucción número 6, que sigue la vía penal de esta causa, u otro órgano al que después se acudiera, diera la razón a los argumentos más duros de los expertos y ordenara el derribo total del edificio, que por entonces ya podría estar en funcionamiento.