No parece lógico que haya miles de pisos vacíos en Andalucía y España, y miles de familias sin acceso a la vivienda o en riesgo de perder la que tienen. Para dar respuesta a esta injusta situación, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un decreto-ley sobre la función social de la vivienda que viene a "poner razón a la sinrazón" de los desahucios. La nueva normativa permitirá expropiar de forma temporal los pisos que se encuentren vacíos. La filosofía del proyecto no es nueva. Ayer, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, recordó que hay precedentes constitucionales y legislativos en la reforma agraria que puso en marcha la Junta de Andalucía en la que se contemplaba la expropiación temporal de uso de aquellas fincas que no eran cultivadas.

"Ahora lo que hacemos es una expropiación temporal de uso de unas viviendas que son puestas a disposición de los ciudadanos", indicó Griñán, que precisó que esa expropiación de uso va dirigida a las entidades financieras e inmobiliarias para favorecer a personas que, perdiendo el uso de la vivienda, caerían en una situación de "grave exclusión social" por sus circunstancias.

Cuando se trate de viviendas de particulares, ha detallado, el decreto-ley busca favorecer el alquiler a través de incentivos y no de "medidas represivas".

La vivienda dio ayer que hablar en varios puntos de la provincia. En la capital, el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura declaró que actualmente existen unas 15.000 viviendas vacías, según los datos del Plan Municipal de Vivienda, donde además se calcula que la mitad de ellas están en condiciones de ser ocupadas. IU considera que podrían destinarse al alquiler social, para alojar a los desahuciados.

Puentedura, pidió ayer al Ayuntamiento de la capital que colabore en la aplicación del decreto de la Junta de Andalucía y que haga un censo de viviendas desocupadas para que sean gravadas. El propio Ayuntamiento puede penalizarlas con el incremento del IBI. Puentedura agregó que la idea es utilizar con esos fines sociales las viviendas que están en manos de promotoras o entidades bancarias.

En Churriana de la Vega el Partido Popular logró el acuerdo de la mayoría del pleno en una iniciativa presentada por UPyD, destinada a atender las necesidades de los vecinos afectados por los problemas en el pago de su hipoteca. En el documento aprobado se solicita la modificación de la Ley Hipotecaria en lo concerniente a la denominada "dación en pago", para de esta manera saldar la deuda contraída con la entidad bancaria únicamente con el valor de la vivienda.

El Ayuntamiento de Churriana se compromete a mediar en los casos de desahucio y prestar su colaboración a los vecinos afectados por esta situación. También se acordó realizar un convenio con el Colegio de Abogados de Granada para el asesoramiento y asistencia a los vecinos de Churriana afectados.

Y en Guadix, José Antonio González Alcalá, manifestó la satisfacción que supone para la ciudad el contar con una Oficina de Intermediación Hipotecaria. "Un alcalde recibe todos los días visitas de personas en situaciones especialmente difíciles y es una satisfacción poder decirles que tienen a su disposición un Colegio de Abogados, una Diputación y un Ayuntamiento a su disposición para ayudarles", aseguró.

La oficina, instalada en la Biblioteca Municipal José Asenjo Sedano, se ha puesto en marcha gracias al acuerdo con el Colegio de Abogados de Granada y en colaboración con el Ayuntamiento de Guadix, que ha cedido el espacio y ha puesto a disposición un técnico municipal para la atención al público que se prestará los lunes y miércoles de diez de la mañana a una y media de la tarde. Una atención que, según ha asegurado González Alcalá, se realizará "con la mayor exquisitez, agilidad y eficacia".