Nacido en Utrera hace 48 años, Juan Carlos Campo lleva ya catorce meses como número dos del Ministerio de Justicia, puesto al que accede tras una larga carrera en la que ha sido, entre otras cosas, juez, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Está en Granada para participar en el seminario de Eurojust sobre blanqueo de capitales.

-Ya está en marcha el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia. ¿Cuándo se van a empezar a ver los resultados?

-Ya son visibles. Precisamente el martes, con la entrada en vigor de las leyes de forma procesal, dimos un paso histórico para la Administración de Justicia en España. El reto de la gestión que ha supuesto para las administraciones implicadas ha sido extraordinario y puedo decir con orgullo que apenas hubo incidencias. Con este cambio, los usuarios podrán a partir de ahora comprobar cómo sus asuntos se tramitan más rápido, debido a la mayor capacidad de impulso del secretario judicial. Entra en vigor además un nuevo sistema de señalamiento de juicios, más ágil, que permite un mejor aprovechamiento de los recursos y evita esas molestas cancelaciones en el último momento o largas esperas.

-¿Contribuirá a resolver o paliar problemas endémicos, sobre todo la lentitud? Recuérdese que, sólo en Andalucía, hay en torno a medio millón de causas pendientes.

-Sí. Rotundamente, es el objetivo de la reforma. Con la entrada en vigor de las nuevas normas procesales se ponen en marcha mecanismos específicamente destinados a reducir la pendencia. Se amplía por ejemplo la cuantía del proceso monitorio, de 3.000 a 250.000 euros. También se reforma la tramitación de los recursos de apelación, que serán resueltos por un solo magistrado, y no tres, en asuntos que no revistan especial complejidad.

-¿Cómo está avanzando el proyecto de interconexión de juzgados en Andalucía?

-El reto tecnológico es la interconexión. Tanto el Ministerio como las comunidades con competencias estamos haciendo un importante esfuerzo en esa línea. La mejor muestra es el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, el gran enchufe para la Justicia, al que se han sumado tanto el CGPJ y la Fiscalía General como todas las comunidades.

-Los jueces ya advirtieron de que la crisis conllevaría un aumento de las causas por la vía civil. ¿Hay datos que avalen esas predicciones?

-La tendencia muestra desde hace ya varios años un incremento de la litigiosidad propio de cualquier sociedad desarrollada. El problema no es coyuntural sino fruto del retraso histórico del que adolece nuestra Administración de Justicia y que poco a poco estamos cambiando. Todo ello mientras atendemos las necesidades puntuales más acuciantes con refuerzos.

-¿También influye la crisis en la jurisdicción penal? ¿Se aprecia un aumento de los delitos?

-No. De hecho, tenemos una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa. Una de las prioridades del Ministerio ha sido fortalecer los instrumentos para luchar contra la delincuencia y ese objetivo ha cuajado en la reforma del Código Penal. Además, estamos estudiando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde además de actualizar la investigación penal vamos a incorporar mecanismos de agilización.

-En Andalucía acaba de desaparecer la Consejería de Justicia y sus funciones han sido absorbidas por la de Gobernación. No pocos se han quejado de esa decisión. ¿Cómo convencerles de que es buena?

-La mejor forma es con resultados. Con esta medida se pretende liberar recursos del poder ejecutivo para invertir más en justicia. Es lo mismo que hace el Gobierno de España con el plan de austeridad.

-Hay un debate que reaparece cíclicamente, y casi siempre por circunstancias desgraciadas: la restauración de la cadena perpetua. ¿Cuál es su postura?

-Yo estoy a favor de la Constitución y del principio consagrado en su artículo 25, que establece que las penas deben orientarse a la reinserción social. Frente a las propuestas de telediario que practican algunos, hemos impulsado una reforma del Código Penal muy pensada y proporcionada, que constituye una respuesta contundente y proporcionada para luchar contra la delincuencia. Es una lástima que el PP haya perdido la gran oportunidad de sumarse al consenso en política criminal.

-¿Qué opina sobre la apertura de la fosa de Lorca y sobre que, meses después de ello, aún no se haya decidido qué órgano judicial debía tutelar esa operación?

-Las excavaciones no dieron resultado, pero mostraron el compromiso y la dedicación de la Junta por cerrar heridas. En esa tarea también se implica el Ministerio, que trabaja en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. En poco tiempo verá la luz el mapa integrado de fosas que hemos elaborado con la colaboración de ocho comunidades con las que el pasado 25 de enero firmamos un convenio. Respecto a la Ley de Memoria Histórica, estamos dispuestos a buscar mejores soluciones y a combatir y suprimir situaciones de discriminación o de injusticia.

-¿Qué nuevas sedes judiciales se esperan para Granada a corto plazo?

-Las previsiones para este año incluyen 15 nuevas unidades judiciales y nueve plazas de juez de adscripción territorial para Andalucía. De esos nueve órganos, tres se crearán en Granada: un nuevo juzgado de Primera Instancia en el partido judicial de Granada, un segundo de lo Penal en Motril y una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial. Además, a instancias de la Junta, vamos a transformar uno de los juzgados de primera instancia de la ciudad en el primer Juzgado de lo Mercantil de la provincia.

-Es inevitable que le pregunte sobre la polémica de Garzón. ¿Quiere pronunciarse?

-Sólo para manifestar mi profundo respeto al sistema organizativo del poder judicial establecido en nuestra Constitución.

-¿Qué impresión cree que tienen los ciudadanos sobre la Justicia?

-Nuestros juzgados y tribunales se han organizado hasta hoy en pequeñas oficinas judiciales inundadas de papel que funcionan como compartimentos estancos y en los que se realizan todas las tareas, desde la recepción de la demanda hasta la notificación de la sentencia. Atendiendo a esta descripción, es lógico que el ciudadano perciba la Justicia como ineficaz, lenta y poco transparente, así que era urgente y necesario un cambio cualitativo. Hoy tenemos las normas y el presupuesto, y ahora hay que gestionar el cambio para conseguir que España disponga de un servicio público de Justicia ágil y efectivo, más confiable y predecible, más accesible y más atento con el ciudadano, responsable y moderno, y que proporcione tutela judicial pronta y cumplida. Y donde su funcionamiento esté al nivel de las expectativas ciudadanas. Con un punto de orgullo puedo decir que ahora ya parece que, tras siglos de anquilosamiento, nuestra Administración de Justicia por fin se mueve hacia la modernidad.