La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reclamado al Gobierno de España que alcance cuanto antes un acuerdo que “disipen las dudas que ha generado” sobre el decreto ley de la Junta de Andalucía de revisión del precio de los materiales de la construcción y que se ha desarrollado “de la mano del sector para evitar la pérdida de empleos en Andalucía”. La consejera de Fomento ha inaugurado un encuentro empresarial sobre seguridad jurídica y perspectivas de la revisión de precios en contratos públicos celebrados en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios y organizado por Fadeco Contratistas.

“El decreto andaluz sigue vigente, aunque somos conscientes de que la situación a la que nos ha llevado el Gobierno de España genera incertidumbre tanto en el sector de la construcción como en las entidades locales que se pueden adherir al mismo”, ha puesto de manifiesto la consejera al recordar que el Gobierno de España “haya vuelto a amenazar con un recurso de inconstitucionalidad”, como ya hiciera con el decreto de regularización de viviendas irregulares o la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), ambas resueltas con rapidez en reuniones de trabajo.

Marifrán Carazo ha lamentado que los decretos nacionales “no hayan tenido el efecto deseado porque su aplicación deja fuera al 95 por ciento de las obras públicas”, lo que ha traído como consecuencia “retrasos, abandonos de proyectos y una parálisis del sector que está abocando al cierre a no pocas empresas”.

Esa situación, ha señalado la consejera, se ha intentado paliar con la aprobación el pasado mes de abril del decreto andaluz de revisión de precios, que “se ha redactado de la mano y con el consenso del sector de la construcción”. A diferencia del Gobierno de España, la consejera ha precisado que la norma andaluza incorporar también las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración. De igual manera, suprime la penalización por retrasos vinculados a falta de material, permite sustituir materiales si no altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Llegado a ese punto, la consejera ha criticado que “el Gobierno central se tome con calma intentar resolver las diferencias sobre este decreto”, al no convocar hasta el mes de agosto la comisión bilateral. “El Gobierno andaluz quiere resolver cuanto antes esta situación y trabajamos intensamente para conseguir que finalmente se solventen todas las dudas”. Además, se ha sumado a la petición de la patronal de solicitar la aprobación “un tercer real decreto que, verdaderamente, sirva al sector a afrontar la situación que vive”. “Muchas peticiones que le reclaman están en el decreto andaluz, por lo que un buen paso sería un acuerdo que de seguridad jurídica”, ha dicho.