La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha abierto durante el pasado año 2007 un total de 1.230 expedientes sancionadores en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que abarca parte de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, por vertidos e infracciones en el dominio público hidráulico.

Según explicó el departamento del ramo en un comunicado, Málaga es la provincia en la que más expedientes se han abierto, concretamente 574; seguida de Almería con 365, Granada con 220 denuncias y el Campo de Gibraltar, con 71. Estas intervenciones se refieren, fundamentalmente, a captaciones ilegales de agua, vertidos o apertura de pozos sin contar con la correspondiente autorización.

El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, informó de que a estas irregularidades hay que sumar otras que afectan al dominio público hidráulico como son la construcción de muros, la extracción de áridos sin autorización, la ejecución de caminos paralelos a cauces, taponamientos de cañadas con desvío de las aguas, destrozos en la vegetación, abandono de vehículos en cauces o el vertido de escombros.

Igualmente, existen expedientes tramitados por abandono de vehículos en zonas sujetas a limitación, vallados, hormigonado de cauces o modificaciones de caminos que afectan al dominio público.

De estas denuncias casi medio centenar corresponde a ayuntamientos y la cuantía restante, a sociedades gestoras de agua, particulares y empresas. Todos los expedientes continúan su tramitación, muchos de los cuales acabarán en sanciones que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad o la reincidencia de los hechos denunciados, siendo la media de las mismas de 6.000 euros.

En este sentido, el responsable del organismo de Cuenca insistió en la importancia que tiene el control y cuidado del Medio Ambiente, y ha pedido a la ciudadanía que colabore con la administración para evitar daños al medio natural.

La mayoría de los expedientes sancionadores han sido abiertos por la Guardería Fluvial, que cuentan con la estrecha colaboración de los agentes de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que velan continuamente por un buen uso del agua y por la protección del dominio público hidráulico. Todo ello en un área que abarca una superficie de 18.325 kilómetros.