El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer la aportación de 8,4 millones de euros al Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, una medida que se acordó este año y que estaba a la espera de aprobación y que supondrá un balón de oxígeno al Parque para poder hacer frente a su deuda y garantizar su viabilidad. Pero este desembolso supone más. Con la inyección económica, la Junta adquiere la representación mayoritaria (pasando del 53,7 al 97%) en la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, entidad gestora de este espacio de innovación, que a partir de ahora pasará a ser Fundación Pública Andaluza PTS. Un cambio de estatutos que se tratará este viernes en reunión extraordinaria del Patronato tras aprobar la Junta la medida. La Consejería de Economía y Conocimiento designará a las personas que representarán a la Junta en el patronato de la Fundación. Con esto se resuelve una vieja indefinición de a quiénes estaban adscritos los parques tecnológicos tras la separación de las consejerías de Economía y Conocimiento y la de Empleo. Ahora, el PTS y Cartuja dependerán de la Consejería de Economía y el resto de centros tecnológicos de Andalucía, a Empleo.

Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, el objetivo es asegurar la viabilidad de un recinto que actualmente alberga un centenar de empresas y entidades de los sectores biotecnológico, sanitario y farmacéutico.

Por su parte, el gerente de la Fundación PTS, Jesús Quero, dijo que con esta cantidad se van a atender a los pasivos financieros: por un lado las cancelaciones de las pólizas de crédito que les vencen en noviembre y enero y por otro lado la deuda con el Ministerio, que están a la espera de refinanciar para que les permita aumentar la devolución de los 18 millones de euros que tienen que reembolsar en lugar de a 10 años a unos 19.

Quero recordó que la Junta se comprometió a aportar esta cantidad dentro del plan de viabilidad del Parque, que solicitó a los patronos el incremento de su aportación, que asume íntegramente la Junta. "Lo que se hace es una ampliación de la dotación fundacional", que ahora era de algo más de 800.000 euros. Con el cambio a fundación pública, lo que se garantiza es que en caso de disolución de la fundación, los activos (valorados en más de 40 millones de euros) pasen a la administración.

Además, Quero hizo balance del plan de viabilidad aprobado este año y aseguró las medidas planteadas para este año están casi todas cumplidas. Así, entre otros, se ha renegociado la deuda con Endesa, a la que se debía unos 480.000 euros; los patronos han pagado lo que debían a falta de un pequeño resto de Armilla y se ha vendido el porcentaje de propiedad del Parque del Centro de Investigación Biomédica a la UGR. La venta se firmó a final de septiembre por 2,1 millones de euros que pagará la UGR en 13 mensualidades y que servirán para ir amortizando la deuda con el Ministerio de Competitividad.