Como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento no se caracterizan por ser pagadores ejemplares, el dinero que ambas instituciones se deben se ha convertido en un arma arrojadiza que, además de ser un recurrente argumento político, dilata los pagos y complica la ejecución de los proyectos. Si a esa falta de voluntad de entendimiento se le suma la limitada liquidez de las administraciones, el resultado son unas deudas enquistadas durante años. Para salir de ese bucle, la Junta de Andalucía le ha presentado una propuesta a los técnicos de Hacienda con la intención de ver qué posibilidades legales tendría iniciar un proceso de compensación de deudas que permitiría que ambas administraciones se quedaran a cero y firmaran la paz financiera. Es decir que si, por ejemplo, la Junta le debe 10 al Ayuntamiento y el Ayuntamiento le debe diez a la Junta, por esta condonación de deudas ninguno se metería la mano en el bolsillo pero se quedarían a 0.

Claro que las cuantías que se adeudan ambas administraciones pueden ser un punto de inflexión para que este procedimiento termine con éxito. La ciudad le reclama a la Junta de Andalucía 10 millones de euros correspondientes al pago de subvenciones y otros pagos por acuerdos firmados para la prestación del servicio a los ciudadanos. La Junta, por boca de su delegada en Granada, María José Sánchez, discrepa con la cifra y asegura que ahora mismo solo le deben al Ayuntamiento 1,8 millones de euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las viviendas de protección pública de EPSA.

Estas cuentas de la Junta dejan fuera, por ejemplo, el pago del IBI del Clínico "que corresponde a la UGR", o el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por ser un tributo "responsabilidad de las empresas". De hecho, este último pago está inmerso en un procedimiento administrativo. "No podríamos pagarlo aunque tuviéramos dinero y liquidez suficiente porque el pago del ICIO está en un trámite de recursos administrativos", apuntó ayer la delegada de la Junta en Granada, María José Sánchez.

La propuesta, que se presentará al Ayuntamiento "lo antes posible", ya está hablada con el Consistorio, ahora habrá que ver si es legalmente posible.

"El Ayuntamiento tiene algunas deudas contraídas con la Junta, entre otros conceptos por los pagos pendientes del Metro, así que vamos a ver si podemos compensar, que parece lo más razonable", apuntó Sánchez.

Si hoy estuviera en marcha la ley sobre la reforma local de las administraciones locales, el Ayuntamiento podría embargarle a la Junta por la deuda que tiene con Granada. Consciente de esta propuesta, María José Sánchez asegura que la administración local siempre se atendrá a la norma. "Cumpliremos con lo que diga la ley en su momento pero, de momento, parece complicado que esto se pueda llevar a cabo", apuntó y le recordó al Ayuntamiento que no están en disposición de quejarse, teniendo en cuenta que en cuatro años "hemos multiplicado por 5 la financiación incondicionada que se le da al Ayuntamiento a través de la participación en los impuestos de la Junta y eso se paga religiosamente cada trimestre", manifestó.

Según los datos de la Junta, esta partida ha pasado de los 535.027 euros en 2008 a 9 millones de euros en 2012. Aún así, Sánchez reconoció que la Junta de Andalucía tiene problemas de liquidez, por ejemplo en la ayuda a domicilio. "Al final vamos abonando pagos, no es una deuda estática porque financiamos mucho", justificó.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno cuando apruebe la reforma de la administración local es dejarse de embargar y garantizar la financiación de los ayuntamientos", opinó la delegada de la Junta de Andalucía en Granada.