"No se considera oportuno, por el momento, ejercer el derecho de tanteo" . Con esta conclusión finaliza el documento que la Junta de Andalucía remitió al Ayuntamiento de Granada en febrero de 2015 como respuesta a la oferta preferente para quedarse con la Casa Ágreda en las mismas condiciones en las que fue transmitida a la ONG marroquí denominada AIDE (Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo).

El Juzgado de Instrucción número 9 de la capital investiga ahora si el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado (PP) y su exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación de la Casa Ágreda a esta entidad privada en unas condiciones que, según la Fiscalía, podrían ser lesivas para los intereses de la ciudad, dado su bajo precio de venta.

Tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico andaluza, antes de producirse esa adjudicación (que se llevó a cabo con un concurso previo), el Ayuntamiento tuvo que ofrecer a la Junta la posibilidad de adquirirla en las mismas condiciones, al tratarse de un bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Es un derecho de tanteo y retracto.

El Ayuntamiento hizo esta oferta en diciembre de 2014 por dos cauces, pues se remitió tanto a la Delegación de Cultura en Granada como a la propia Consejería, en Sevilla.

Por ambas partes la respuesta fue la misma dos meses después: se rechazó la oferta. En el documento que la coordinadora general de Políticas Culturales de la Consejería envió a la Concejalía de Urbanismo de Granada, ésta niega interés por la compra del derecho de superficie por 40 años con opción de compra o un derecho de superficie por 75 años sin compra (las mismas condiciones del concurso), en base a un informe-valoración de la Delegación de Cultura de Granada.

Ese informe, firmado por la entonces delegada Ana Gámez, analiza la situación y protección que tiene la Casa Ágreda, la oferta remitida por el Ayuntamiento de la capital y concluye que "no se considera oportuno" ejercer el derecho de tanteo.

El motivo fundamental esgrimido por la delegada es llamativo, pues informa a la Consejería de que, con la operación de enajenación puesta en marcha por el Ayuntamiento, "no se transmite la propiedad" del inmueble y, por tanto, éste continúa inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

A finales de ese año, 2015, el Ministerio Público abrió la investigación que ha dado lugar a la actual investigación penal. Lo hizo "en virtud de denuncia" presentada por el entonces portavoz del grupo municipal socialista Francisco Cuenca, actual alcalde de Granada, la portavoz de Vamos Granada en el Ayuntamiento, Marta Gutiérrez, y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

La Casa Ágreda es un palacete del siglo XVI ubicado en la cuesta de Santa Inés, en el Albaicín. El inmueble de casi 3.400 metros cuadrados, construido sobre un solar de algo más de 1.661 metros cuadrados, es propiedad del Ayuntamiento de Granada. Esta institución propuso vender el bien hace ya casi una década, dados su mal estado y los escasos fondos de los que disponía la Administración. Se hicieron varias tasaciones entonces que rondaron los 6 millones de euros.

Pero el concurso por el que finalmente fue adjudicada la casa el año pasado establecía unas condiciones especiales que se han llamado venta en diferido.

Era un derecho de superficie por importe de 260.000 euros por 40 años, con opción de compra por 1,6 millones de euros, supeditada a la ejecución de obras de rehabilitación por un importe mínimo de casi 5 millones de euros.