La asociación Sociedad Civil Juntos por Granada ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros por la que se designó a A Coruña como futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Esta decisión privó a Granada, que también se presentó como candidata, a albergar este organismo gubernamental de nueva creación. Con esta iniciativa, el colectivo social y político se adelanta al propio Ayuntamiento de la ciudad, que está apurando los plazos al máximo para presentar el recurso anunciado y acordado por todos los promotores de la iniciativa científica. 

Según recoge el reciente recurso, este colectivo ha pedido a la Sala del alto tribunal que suspenda la aplicación o la vigencia de la referida resolución, un paso judicial que se produce al margen del anunciado por el Ayuntamiento de Granada junto a otras administraciones, contra la decisión gubernamental del pasado 5 de diciembre y que todavía no se ha concretado ni formalizado.

El recurso explica que el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido resolvía el concurso público convocado para la adjudicación de la sede física de la futura Agencia de la Inteligencia Artificial, a la que concurrieron un total de 16 candidaturas, entre ellas la de Granada.

Los recurrentes pretenden, en concreto, que el Supremo declare la invalidez y consiguiente anulación de la adjudicación de la sede a uno de los concursantes concurrentes, al entender que este -A Coruña- no ofrecía "ni el mejor proyecto, ni la mejor puntuación posible".

La asociación se refiere a la "arbitrariedad" del acto impugnado y al "daño ocasionado" a Granada, por lo que interesa "una tutela cautelar lo menos lesiva para los intereses públicos y de terceros"; y recuerda que, de las tres finalistas, la candidatura granadina era la de "mayor nivel en todos los conceptos".

Una resolución influida por la ministra

Por ello, sostiene que la decisión del Gobierno, al que ve "inducido" por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de origen coruñés, vulneró las normas que regulaban de forma reglada el procedimiento, y determinó una "resolución arbitraria" del concurso, motivo por el que cree que el acto recurrido está "viciado de graves irregularidades invalidantes".

Entre la fundamentación que el colectivo señala en su recurso también se advierte de que la no suspensión de la adjudicación de la sede física de la agencia de la IA a un proyecto "de menor excelencia" sería precisamente lo que provocaría la perdida de la finalidad del recurso.

"Si no se ordena por parte del Tribunal la suspensión, las adjudicatarias realizarán todo tipo de estrategias comerciales para consolidarse en el mercado de la Inteligencia Artificial, y el presente recurso habrá perdido su finalidad", ha indicado la asociación, que alude igualmente a perjuicios de "difícil o imposible reparación" en el caso de no atender a la suspensión solicitada.

Según el documento, la suspensión causaría mínimos perjuicios en A Coruña porque "no cuenta aún con el título habilitante para la instalación, al no haberse formalizado todavía el documento administrativo correspondiente, por no haberse realizado los trámites necesarios al efecto hasta este momento. Tampococuentan con la concesión demanial otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos, por lo que no concurre daño alguno que se le pueda ocasionar". Además, "la suspensión postulada evitará que el candidato seleccionado adquiera compromisos y que pueda crear expectativas de derecho que impliquen adicionalmente gastos para la ejecución de un acto que puede resultar anulado y que, hasta este momento, no ha efectuado, por no estar obligado a ello. Y con ello se evita igualmente el desplazamiento físico de empleados públicos que pudieran resultar futuramente perjudicados". Así, consideran que "el interés general se verá menos comprometido con la suspensión de acuerdo" y que "ninguna de las entidades participantes ha evidenciado la acreditación de perjuicios iguales o superiores" a los de Granada. 

Y es que aseguran que "una posible ejecución de la resolución impugnada creará una situación absolutamente irreversible para mi representada, en cuanto a perjuicios se refiere, que difícil o imposiblemente, en caso de anularse el Acuerdo impugnado, podrá ser reparada debido a la entidad del daño ocasionado. Máxime en los tiempos de coyuntura económica negativa que corren".

"El sólo hecho de culminar la adjudicación e instalación de sede física en la ciudad de La Coruña, cuyo proyecto de excelencia era de inferior puntuación, supone la imposibilidad de realizar actuación alguna por la ciudad de Granada, líder en el ámbito material y comercial de la Inteligencia Artificial, dado que el mercado rechaza contratar con prestadores que no sean titulares de la preceptiva autorización para instalación de la Agencia, máximo cuando la adjudicataria ya puede utilizar la resolución recurrida paraproyectar seguridad jurídica en su proceder", añaden. Es decir, que se podrían perder "desembolsos directos por parte de potenciales agentes que ya habían anunciado su venida o instalación a Granada por razón de la instalación de la Agencia administrativa en Granada". 

Aparte de los perjuicios económicos derivados de la instalación de la sede física en La Coruña de difícil o imposible reparación aludidos, se producirían otra serie de perjuicios tales como "La pérdida de talento y del potencial de desarrollo científico generado por la Universidad de Granada que a lo largo de años ha desarrollado una formación a través de inversiones encaminadas en favor de la ciencia informática con la que se desarrolla y se actúa en la Inteligencia Artificial, lo que incrementa los perjuicios de difícil o imposible reparación, caso de no instalarse la Agencia en Granada, por lo que debe suspenderse la instalación en el territorio de un adjudicatario de menor excelencia y que ha invertido menos en tener undesarrollo del talento, que el trabajado y especificado en Granada, que verá truncados susproyectos y expectativas jurídicas de futuro". Además aluden a la "pérdida de desembolsos efectuados para otros aspectos el desarrollo del talento y desarrollo científico, que resultan encadenados al mismo, destinados a la investigación, la pérdida económica para toda la zona, la pérdida de empleo, de desarrollo de programas de investigación científica, inversiones en material computacional, etc. que resultarán perjudicadas en caso de resultar derribada la apuesta por efectuada por la Agencia, incidiendo en elincremento de los niveles de pobreza, desmotivación social y otros efectos perniciosos para elconjunto de la sociedad y la economía granadinas"; la pérdida reputacional de la Universidad y la ciudad de Granada, y pérdida de todo tipo de acceso a subvenciones y ayudas públicas, y privadas, y convenios, algunos ya en marcha, que la instalación de una Agencia como la de Supervisión de la Inteligencia Artificial conlleva, avocando a su entorno de influencia inmediato a la desmotivación social y pobreza conjunta; el "cercenamiento del progreso y prosperidad sociales, entendido como el deseo y la aspiración de avance de la sociedad de forma conjunta, racional, igualitaria y sostenible, que se verá en mayor o medida coartado por la no instalación de la Agencia en Granada, cuando le corresponde por el mayor nivel de excelencia de su proyecto", el "bloqueo socioeconómico y daño a Derechos Fundamentales que no se satisfacen con compensación económica alguna que pudiera obtenerse" y la "pérdida de un medio de integración social, local y de enriquecimiento científico general". 

El presidente de Sociedad Civil Juntos por Granada, el abogado César Girón, ha indicado que son conscientes de la dificultad de legitimación que puede tener el colectivo que encabeza a la hora de presentar ante el Supremo un recurso contra la decisión ministerial, pero que han toman la decisión de formalizarlo ya para que se deje "de perder el tiempo".

A juicio de Girón, la interposición de este recurso contencioso-administrativo debería haberse efectuado "de forma inmediata", hace ya casi dos meses, como hizo respecto a otra decisión gubernamental Aragón, en concreto Zaragoza o Teruel.

En sus últimas declaraciones públicas sobre este asunto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, indicó este pasado lunes que el equipo jurídico y técnico de las distintas instituciones estaban ultimando el documento definitivo con el que esta capital andaluza recurrirá igualmente el acuerdo por el que fue designada A Coruña como sede de la AESIA.

El objetivo, explicó el regidor, es que a lo largo de los próximos "días o semanas" se pudiera formalizar el recurso, al que ahora se ha adelantado la asociación, frente a la decisión del Gobierno, frente al que volvió a reclamar "transparencia y claridad".