Los jueces no tienen una varita mágica para cambiar a personas con problemas educacionales, pero pueden, con la ley en la mano, ayudar a reconducir situaciones y evitar que un conflicto se recrudezca. Sin embargo, a veces se siente impotentes porque saben que con sus armas, sus sentencias, no pueden dar una solución definitiva a un problema con raíces profundas. Ello puede derivar en un sentimiento de frustración y aflorar entre las líneas de sus resoluciones. Un juez de Instrucción de Granada se ha sentido así recientemente al enjuiciar uno de esos episodios de violencia familiar -desgraciadamente cada vez más frecuentes- y no ha podido ocultarlo en su fallo.

El enjuiciado era un joven de 19 años problemático que no quiere ayuda. Las víctimas: su hermana y su madre. Los hechos: amenazas e injurias leves.

El episodio se remonta a finales del pasado mes de marzo, cuando la hermana y la progenitora del joven se encontraban en su domicilio, sito en Granada, intentando convencerle de que había que evitar que volviera a ocurrir un problema como el que había tenido lugar el día anterior, cuando les amenazó con "cortarles". Hubo denuncia y después del ingreso del joven en el calabozo, volvió a continuar con amenazas e insultos de forma infernal. Les dijo que eran unas "putas".

En el juicio, el joven dejó clara su negativa a colaborar familiar y terapéuticamente. Dijo ser un incomprendido y expresó su deseo de no someterse a rehabilitación. Los padres se mostraron dispuestos a seguir con el sacrificio de soportar la situación y seguir manteniéndolo en la casa, así como costear la educación y sus caprichos. Dijeron, no obstante, que no se opondrían a un eventual internamiento o a someterlo a un tratamiento.

Tras escuchar a unos y a otros, ya en la soledad de su despacho, el juez comienza a redactar una sentencia en la que va entrelazando pensamientos y fundamentos de derecho: "Se tiene la idea frustrante por el juzgador que legítimamente se pretende de la Administración de Justicia algo que ésta no puede dar: solucionar problemas de índole mental-salud, humana y educacional".

Su reflexión continúa, va más allá del incidente puntual y deja entrever cierta impotencia por tener en su mano el Código Penal, pero no la solución que en el fondo se reclama. "Se llega al extremo -añade- de preferir soportar la incómoda situación antes que solicitar una medida de alejamiento que, si bien podría acabar materialmente con la 'guerra' en el domicilio familiar, lo dejaría en la calle ante la ausencia de medios de subsistencia y falta de interés en el trabajo propio para ser independiente".

El magistrado decide finalmente imponer una pena de 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad al joven, pero mientras escribe no puede ocultar su inquietud interior ante las circunstancias de este caso, en el que la familia, aunque descarta el alejamiento de su hijo, plantea la posibilidad de que se adopte una solución terapéutica... que no va a poder ser. "Es imposible el deseo de los padres de un internamiento obligatorio sin condena o a imponer un tratamiento curativo que violente la voluntad libre del denunciado", explica el juez.

El joven ha sido considerado autor de dos faltas. Pero, no se le ha impuesto sanción económica alguna, porque al no tener ni oficio ni beneficio al final -encima- tendrían que pagar la multa sus padres.

"Nada puede hacerse por medio de una sentencia -añade el juzgador- que sólo permite, en aplicación de la ley, la imposición de una pena que en último término sería a cargo de los padres". Por eso aplaude "el acierto" de la fiscal que intervino en esta vista y que fue quien propuso condenar al chico a 10 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada una de las faltas. Los tendrá que cumplir obligatoriamente, otra cosa es que tengan algún efecto en su conducta. Ojalá.