El Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar mantiene abierta una investigación por un supuesto delito de agresión sexual a una menor contra un agente de la Guardia Civil que estaba destinado en el municipio costero de Otívar. El Tribunal Militar Central ha confirmado recientemente el cese de sus funciones en el Cuerpo, acordado a los pocos días de su detención por estos hechos, que sucedieron antes del verano de 2016.

La detención y puesta a disposición judicial de este agente, que en aquel momento trabajaba en el Puesto de Otívar, se produjo el 1 de julio del año pasado, como supuesto autor de un "delito continuado de agresión sexual a una menor de edad".

Instrucción 2 de Almuñécar ha tomado ya declaración al investigado

El Juzgado de Almuñécar inició entonces unas diligencias de investigación que actualmente continúan abiertas en este mismo órgano. La titular ordenó la libertad provisional del funcionario, aunque con una serie de limitaciones, como una orden de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado. También acordó una medida cautelar de alejamiento de 500 metros de la supuesta víctima, así como la "prohibición de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento".

Según fuentes judiciales, a día de hoy el investigado continúa en libertad, con las mismas medidas ordenadas. En los meses transcurridos, la investigación ha avanzado y el Juzgado ya ha tomado declaración al imputado.

La menor y su madre se han marchado a vivir durante este tiempo a un municipio de otra provincia. El Juzgado tiene previsto tomar declaración a ambas por videoconferencia en fechas próximas. Aunque aún no se ha fijado la fecha, el órgano estima que esa comparecencia a través de medios telemáticos se podría producir a mediados de octubre.

Esta causa judicial se declaró compleja desde el mismo 1 de julio de 2016, lo que facilita a la jueza un plazo mayor de los seis meses que la ley dispone para finalizar las investigaciones ordinarias en la fase de instrucción. La declaración de causa compleja es una medida determinada en la ley para casos con especiales dificultades.

La Guardia Civil actuó de inmediato, a los pocos días de la detención de este individuo. Con arreglo a un dictamen previo y a una propuesta de la Asesoría Jurídica, el director general de la Guardia Civil firmó la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave contra el agente de Otívar. En clave interna, esa falta sería el "abuso de atribuciones que causa grave daño a los ciudadanos, a entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración". Y la consecuencia fue el cese de sus funciones durante un plazo inicial de 3 meses.

El investigado recurrió esta medida cautelar acordada por la Guardia Civil, al considerar que no había motivación y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Pero el Tribunal Militar Central, en una sentencia de este verano, ha desestimado este recurso, lo que significa la confirmación de que la suspensión del agente estuvo justificada. En especial, los motivos que justificaron aquella rápida decisión fueron la "existencia de indicios" de que el agente era autor de los hechos investigados.

La existencia de esos indicios se deduce, según la sentencia, del parte disciplinario que firmó el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de Granada. En los documentos internos del Cuerpo se pone de manifiesto desde el inicio de la investigación la "existencia de indicios suficientes que de que el guardia civil ha cometido los hechos que se le atribuyen".

La sentencia del Tribunal Militar expone que el cese en el ejercicio de sus funciones y la inmediatez que se exige para casos de esta gravedad se hace sobre la existencia de meros indicios, pero que son suficientes para tomar esas precauciones, "sin que con ello se adelante juicio alguno de culpabilidad". Esta decisión queda a expensas de una investigación más profunda, de la que se ocupa la Justicia ordinaria por la vía penal. En particular, a través del Juzgado de Instrucción de Almuñécar.