Granada

Juzgados por extorsionar a un anciano y robarle 9.000 eurosSalud clausura dos residencias de mayores en Fuente Vaqueros

  • Los acusados, para los que se piden tres años, le amenazaron de muerte varias vecesVe "graves incumplimientos" en la atención a los usuarios, que serán reubicados

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzga hoy a cuatro acusados de extorsionar a un anciano, de quien consiguieron un botín de cerca de 9.000 euros, bajo amenazas de muerte, hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de entre tres años y nueve meses de prisión y 24 años.

A los dos principales procesados, de iniciales J.M.C.C. y J.M.O.M., se les atribuye robo con violencia en casa habitada y tentativa del mismo delito, otro continuado de extorsión y dos delitos de detención ilegal, por los que se enfrentan a 23 años y once meses de cárcel. Al tercer procesado, de iniciales J.G.C., se le imputa un continuado de extorsión y dos delitos de detención ilegal, por los que el fiscal solicita una pena de 12 años y medio, mientras que para el cuarto pide tres años y nueve meses de prisión, por el continuado de extorsión, según consta en el escrito de acusación provisional del ministerio público.

Los hechos se remontan a los primeros días del pasado mes de noviembre de 2011, cuando los dos primeros accedieron al Cortijo los Bartolos, en la cortijada de Montenegro, perteneciente a la localidad de Mecina Bombarón. Una vez en su casa, exigieron al anciano la entrega de todo el dinero que tuviera, amenazándolo con matarlo si no lo hacía. Sin embargo, el hombre no tenía en ese momento cantidad alguna, a lo que los procesados le conminaron a que al día siguiente extrajese todo lo que disponía de sus cuentas corrientes y que se lo entregase.

A la mañana siguiente, "actuando por temor a las represalias", sacó de un banco 3.000 euros, que los inculpados recibieron dos días más tarde en la vivienda.

Un mes más tarde volvieron al domicilio y le exigieron más dinero. Encontraron su escritura pública y le pidieron dinero para devolvérsela. El hombre, que creía que podía perder su casa, retiró otros 2.500 euros, pero posteriormente le exigieron más y la víctima sacó primero 1.400 euros y en una ocasión posterior, después de ser trasladado por la fuerza hasta Órgiva, le forzaron a darle otros 1.700. Le llegaron a pedir otros 8.000 pero, en vez de dárselos, denunció.

La Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta en Granada adoptó ayer la medida cautelar de clausurar dos residencias de mayores y dependientes de Fuente Vaqueros por "graves incumplimientos" en la atención a los usuarios, que serán reubicados en otras instalaciones de este tipo.

Así se lo notificó a la entidad titular de ambos centros, el Instituto Geriátrico Fénix, S.L., según informó la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en un comunicado.

Las 81 personas que ocupaban una plaza concertada por la Junta de Andalucía con estos servicios serán trasladadas a otras instalaciones donde se les seguirá ofreciendo atención en las mismas condiciones que hasta ahora, según la Delegación de Salud.

De ellos, 29 ocuparán plazas para personas gravemente afectadas y 52 serán trasladados a residencia de personas mayores, de modo que, según la Junta, no se verán afectados por este cierre y seguirán recibiendo la atención en condiciones "de seguridad, calidad de la prestación y proximidad".

Explica la Junta que la clausura de estos centros obedece a la obligación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de velar por las condiciones en las que las personas mayores o dependientes reciben la atención en centros e instituciones.

Para ello, realiza periódicamente inspecciones en las instalaciones al objeto de comprobar la calidad de la atención prestada, las condiciones higiénicas, la adecuación de espacios a las necesidades o la ratio de profesionales respecto a los usuarios.

De esta labor de inspección se desprenden "graves incumplimientos" que afectan directamente a la atención integral y al bienestar de los usuarios del centro, según la Junta, que asegura haber apercibido en varias ocasiones a la dirección de estos centros para la subsanación de estos problemas sin que haya obtenido resultados satisfactorios.

La Junta mantiene que esta decisión del cierre cautelar obedece "única y exclusivamente a los graves incumplimientos y deficiencias detectadas y que podrían constituir infracciones graves tipificadas en la normativa".

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