La huelga del pasado 20 de febrero de los jueces provocó la suspensión de numerosos actos judiciales y de decenas de vistas. Uno de los juicios que tenían que haberse celebrado ese día tenía como acusado a Eduardo D., un conductor que presuntamente causó el accidente mortal de un motorista que era Policía Local de Loja. Su enjuiciamiento, según informaron fuentes del caso, tuvo que ser aplazado y será finalmente mañana en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital.

Eduardo D. tendrá que dar explicaciones por lo ocurrido la noche del 7 de junio de 2008 en la A-92. Esa noche fue la última en la vida del agente Miguel Luna, que circulaba por la autovía cuando un turismo golpeó su motocicleta, provocando que cayera sobre el asfalto. Las lesiones que sufrió fueron demasiado graves y falleció en el hospital. Su muerte dio lugar entonces a la apertura de una causa penal contra el presunto culpable, para quien la viuda e hijos de Miguel, representados en el caso por el letrado Carlos Vega, piden 6 años y medio de prisión.

En su escrito de conclusiones provisionales, la familia atribuye a Eduardo D. la comisión de cuatro delitos: uno de homicidio imprudente por la muerte de Miguel, otro por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, otro por circular teniendo el carné retirado y, por último, otro de omisión del deber de socorro por no haber ayudado a la víctima.

De la investigación judicial del siniestro se hizo cargo el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja, que la dio por concluida tras recibir una diligencia complementaria que había solicitado la familia de la víctima: la reconstrucción virtual del terrible accidente mortal. Sobre dicha prueba, las fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que el informe elaborado por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida demuestra que "el accidente se produjo con el turismo del acusado", pues las muestras químicas recogidas del neumático de su coche "coinciden con los restos de neumático hallados en el eje trasero de la motocicleta de Miguel". Además, la Guardia Civil resalta la coincidencia de la localización de los daños de ambos vehículos, que -subrayan las fuentes- "encajan como un puzzle".

El trágico siniestro tuvo lugar sobre las diez menos cuarto de la noche, en la A-92, en el término municipal de Loja. Según el escrito de calificación de la familia, la noche de autos, el acusado, de 46 años, circulaba en sentido Sevilla con su turismo, precediéndole la motocicleta de Miguel. A la altura del kilómetro 193,700 de la citada vía, cuando la motocicleta iba por el carril izquierdo de los dos habilitados, el turismo, que iba por el mismo carril, al llegar a un tramo curvo, no se percató de la presencia de la motocicleta, con tan mala suerte que impactó con ella. El turismo colisionó con la parte trasera izquierda y Miguel perdió el control de la moto, que fue proyectada hacia la izquierda y colisionó contra la valla-bionda.

Las lesiones que sufrió el agente al salir despedido hacia la mediana le costaron la vida. La viuda y sus hijos sostienen que en el momento en el que se produjo el accidente el acusado circulaba a una velocidad de 104 kilómetros por hora (la víctima lo hacía a 94), y "sin la atención suficiente a la conducción, bajo la influencia de bebidas alcohólicas por ingestión de diversas bebidas alcohólicas, como consta reconocido por el propio acusado y testigos, y teniendo retirada la licencia de conducción por sentencia firme dictada por el Juzgado de lo de lo Penal 1 de Granada".

Se da la circunstancia de que Eduardo D. no paró su vehículo una vez producido el accidente. "dándose a la fuga de forma inmediata, con la intención de eludir sus graves responsabilidades, con grave desprecio a la salud, vida e integridad física del accidentado". Miguel tenía 44 años y tres hijos. Los padres del fallecido, representados por el letrado José Manuel Aguayo, ejercen otra acusación particular en el caso y piden una pena de prisión similar. La Fiscalía solicita 6 años y cinco meses.