El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada Francisco Ledesma acaba de pedir a la jueza que investiga el caso Serrallo que imponga a cada una de las acusaciones populares fianzas de 50.000 euros. Ese dinero serviría para hacer frente a los daños que le ocasionaría el previsible aislamiento de la vida política si continúa el proceso contra él y tiene que enfrentarse a un juicio.

Este edil y otros compañeros del PP que formaron parte de la junta de gobierno del alcalde José Torres Hurtado en 2012 fueron procesados por la jueza el pasado febrero, cuando puso fin a la fase de instrucción. A partir de entonces se abrió un proceso de preparación de juicio en el que se ha de establecer, en virtud de las acusaciones, quienes de los procesados se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados. La dirección del Partido Popular ya advirtió de que ése sería el filtro decisivo a la hora de permitir la continuidad o no de los concejales como representantes de esta formación. De ahí que los 8 ediles implicados (sobre todos los 6 que se mantienen en la oposición del Ayuntamiento de Granada) tengan un enorme interés en quedar al margen del posible juicio. El propio Ledesma lo define claramente en sus explicaciones a la jueza instructora: "De continuarse el proceso" contra ellos, "conllevaría quedar apartado de la vida política, tal vez para siempre, al igual que el resto de los concejales".

Recientemente la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación, en el que opta por pedir el archivo de la causa para los concejales que aprobaron el cambio de uso y horarios de la discoteca del Serrallo. Considera el Ministerio Público que se ocultó a estos responsables políticos un informe negativo que era clave para el caso, de ahí que no se pueda demostrar su responsabilidad penal. Esto se suma al escrito del Ayuntamiento de Granada (que es acusación particular), en el que tampoco atribuye delitos a los ediles, salvo a Torres Hurtado y a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.

Con el horizonte despejado por parte de estas dos importantes partes acusatorias, algunos de los concejales han enviado estos días varios escritos al Juzgado pidiendo que sean apartados de la causa. Sus argumentos fundamentales son que sólo se mantiene la acusación contra ellos de dos acusaciones populares, la formación política Vox y la empresa del Centro Comercial Nevada, de Tomás Olivo. Aunque no hacen mención alguna a la acusación particular del primer denunciante del caso, que sí les pide dos años de cárcel por su participación al permitir la apertura y el funcionamiento de una discoteca en una zona reservada para parque infantil.

La letrada de Ledesma, aludiendo sólo a las acusaciones populares, alega que éstas "pudieran tener intereses de otra índole en el procedimiento". "No olvidemos que la imputación de los concejales conllevaría su retirada de las listas electorales de manera que a través de la justicia se consigue el fin torticero de derrotar a quien no se derrota en las urnas", expone el que fue concejal de Economía hasta 2016.

Así las cosas, en su escrito, el concejal pide en primer lugar que la propia jueza de instrucción archive la causa contra él; pero en caso de que no fuera así, reclama que se eleven las fianzas económicas a las acusaciones populares para "asegurar los posibles perjuicios y consiguientes responsabilidades que pudieran derivarse de una acusación calumniosa o de una conducta procesal maliciosa o negligente por parte del acusador".

Esta defensa considera que los "salarios y emolumentos que perdería y los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar" al concejal, al no poder repetir en las listas electorales de su partido si tiene que enfrentarse a un juicio, ascienden a 50.000 euros por cada una de las partes acusadoras. Aunque en algún momento del escrito alude al resto de concejales que están en su misma situación, a la hora de hacer la valoración económica para la fianza reclamada no parece tener en cuenta los mismos daños para ellos.