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Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario: Los cambios en la plantilla docente que tendrá que acometer la Universidad de Granada

  • La nueva norma, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento, establece un tope del 8% en el número de asociados y la limitación a 120 horas las horas de clase que puede impartir este profesorado cada año

Patio del Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR.

Patio del Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR. / Archivo

Prosigue la andadura de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Tras su paso por el Consejo de Ministros hace unos días, ahora le toca pasar la fase parlamentaria. Aunque todavía falte este último paso decisivo, en el que se podrían introducir cambios, el anteproyecto ya ha sido analizado por la Universidad de Granada, que como el resto de instituciones de educación superior, deberá aplicar la norma una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Antes de la aprobación del anteproyecto los borradores de la norma han permitido avanzar en cómo 'aterrizar' en la nueva norma. La LOSU recoge, en el capítulo dedicado al personal docente, cambios sustanciales en cuanto al profesorado asociado, una figura que nació con el objetivo de contar con profesionales en ejercicio dentro de las aulas universitarias y que -en épocas muy complicadas para la contratación de empleados públicos- se empleó para paliar los efectos de las medidas de contención del gasto. Según se explicó tras el Consejo de Ministros en el que se dio luz verde al anteproyecto, la nueva norma permite "dignificar las condiciones laborales del profesorado asociado".

De esta medida, se apuntó tras el Consejo de Ministros, se beneficiarán "más de 25.000 profesoras y profesores asociados. "Supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%", apuntan desde el Ministerio. En el caso de la Universidad de Granada, se está prácticamente en línea con lo que se estipula en el anteproyecto de la LOSU. La UGR cuenta con 335 docentes asociados de una plantilla de 3.720, según los datos de la memoria académica del curso 2020/2021. Esto supone un 9% del total. Además, se contabilizaban en ese curso otros 86 asociados del área de Ciencias de la Salud.

Según explica el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada, Fernando Cornet Sánchez del Águila, el dato de asociados en la UGR fluctúa ligeramente cada curso. En cuanto a lo que supone el anteproyecto, indica que "no vamos a tener problema" en cumplir con el límite que establece el documento elaborado por el Ministerio de Universidades. El vicerrector recuerda que la UGR lleva años de trabajo en este sentido con procesos de estabilización de asociados que permitieron enjugar los efectos de los recortes.

Por otro lado, Cornet Sánchez del Águila especifica que el documento aborda una reducción en cuanto a las horas anuales de docencia. Como límite los asociados deberán impartir 120 horas de clase por curso académico. En la UGR algunos de los asociados sí tienen asignadas más horas en el aula, hasta 180 por año. ¿Cómo se solucionará en estos casos el desfase? El vicerrector apunta a que o bien habrá que hacer nuevos contratos o bien repartir esas horas entre los miembros de los departamentos en los que se den esta situación, que no es general a todos los asociados de la UGR.

"Nosotros no hemos jugado con los asociados para cubrir necesidades docentes", reseña el responsable del Vicerrectorado de PDI de la Universidad de Granada. "Son personas especialistas que trabajan para traer su experiencia profesional" a las aulas y "se sigue en esa línea", que es la que marca la futura ley, apostilla Cornet Sánchez del Águila.

Sobre la aprobación en Consejo de Ministros de la LOSU y su impacto sobre las plantillas de profesorado universitario y en la figura de asociado, la rectora de la UGR, Pilar Aranda, recordó que se "está trabajando" y desde la Conferencia de Rectores (CRUE) se llevaron propuestas al Consejo de Universidades. Desde la CRUE, en las aportaciones realizadas el pasado mes de septiembre al texto, se consideró sobre el tema del profesorado que el anteproyecto "no resuelve ni aborda cuestiones más urgentes, como, por ejemplo el envejecimiento del PDI y la necesaria política de rejuvenecimiento". También se subrayó desde la Conferencia de Rectores que "los objetivos planteados y la solución de los problemas estructurales de plantilla de PDI requieren un importante incremento de la financiación pública".

La Conferencia de Rectores, en ese sentido, reclamó una memoria económica que "concrete" el desarrollo del anteproyecto. Más recientemente, tras conocerse el texto que pasó por Consejo de Ministros, los rectores españoles lanzaron otro comunicado en el que reseñaron su valoración positiva a la "apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad", aunque con matices. "El máximo del 8% de temporalidad no debe afectar al profesorado asociado. Además, la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación", apuntó el comunicado remitido por CRUE. "Habría que tener en cuenta en los costes de personal las indemnizaciones por despido de quienes tienen contratos indefinidos cuando terminen las condiciones para su contratación", puntualizan los rectores, que también subrayan que "es importante que los costes de indemnización en contratos indefinidos sean elegibles en los proyectos de investigación". Con todas estas matizaciones, CRUE concluye que "todavía queda espacio de mejora en la tramitación del anteproyecto y continuará realizando propuestas para la elaboración de las enmiendas".

Sobre el caso particular de la Universidad de Granada, Pilar Aranda recordó que la temporalidad en la institución granadina es "baja", aunque en otras universidades se llega "a un 41%" de asociados. "Creo que en Andalucía en tema de profesorado se ha trabajado muy bien a través de las mesas de negociación", aunque "independientemente" de este trabajo ya realizadovaloró de forma positiva "todo lo que sea dar estabilidad dentro de la excelencia y del rigor que requiere la formación del profesorado". 

Profesorado ayudante doctor

El anteproyecto de ley recoge cambios en cuanto a los asociados pero también apunta a cambios en cuanto a otras figuras docentes. Así, la UGR posiblemente (si se aprueba la LOSU tal y como está redactada) tenga que acometer cambios en cuanto a contratos temporales. Por otro lado, habrá que introducir cambios, previsiblemente, en cuanto al profesorado ayudante doctor, un total de 319 en el caso de la Universidad de Granada. El anteproyecto especifica que los ayudantes doctores tendrán un máximo de 180 horas por curso académico de tareas docentes. La limitación es que estos docentes puedan compatibilizar las clases con las tareas de investigación. En el caso de la UGR, se deberá ajustar el encargo docente de 240 horas a 180, lo que puede implicar que sea necesario contratar a más personal.

La duración de los contratos de los ayudantes doctores será de seis años. Después de tres se realizará una evaluación de la actividad docente e investigadora. Sobre esta cuestión, desde CRUE se instó en septiembre a aclarar "los efectos de la evaluación intermedia a los tres años de contrato. Sería razonable que esta evaluación la realizaran las agencias evaluadoras que posteriormente deben valorar los méritos para laacreditación".

Se tendrán en cuenta situaciones como embarazo, lactancia, adopción o violencia de género para interrumpir el cómputo del plazo. Se elimina en el anteproyecto la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público. "Con ello se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional", apunta el Minsterio. Una vez completados los seis años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de titular o de permanente laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. 

El anteproyecto también recoge la creación de la figura del profesorado sustituto. Su finalidad es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. "De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del asociado", señala el Ministerio de Universidades.

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