Granada

López Martos advierte a los alcaldes que ceder agua no les exime de responsabilidad

  • El jefe de Planificación Hidrológica de la CHG censura a las empresas privadas que gestionan el agua por no hacer las inversiones previstas, y a los Ayuntamientos, por desviar los beneficios a otras obras

"Se ha puesto de moda contratar los servicios de agua y saneamiento con empresas privadas o bien regalar media empresa malvendiéndola. Los alcaldes ignoran que estas operaciones no les eximen de la responsabilidad en caso de que haya problemas sanitarios o restricciones". La reflexión corresponde al jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Juan López Martos, una persona que lleva 42 años dedicado, en su mayor parte, a la gestión del agua.

Era precisamente presidente de la CHG cuando el entonces alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel (PP), optó en la década de los noventa por privatizar la gestión del agua cediendo la mitad de las acciones a Aguas de Barcelona. "Me indigné mucho porque en aquel periodo el Estado invirtió en redes y depuradoras de Granada 12.000 millones de las antiguas pesetas", recuerda López Martos, no sin antes aclarar que "no me opongo a la cesión, lo que digo es que el alcalde no puede desatender nunca el servicio".

Con el paso del tiempo tiene el convencimiento de que la empresa privada que gestiona el agua en la capital y en los pueblos limítrofes, extensible a otras provincias, "no ha hecho las inversiones precisas", y pone el ejemplo de los nuevos pozos que se construyen en la Ronda Sur a cuenta del Ministerio de Medio Ambiente. Otro dato inquietante que, a su juicio, cuestiona la labor que viene desarrollando Emasagra es el hecho de que la depuradora de aguas residuales no dé abasto tras la conexión a la red de otros pueblos del Área Metropolitana, y "se estén vertiendo sin garantía sanitaria al río Genil".

Faltan, a su juicio, inversiones por parte del capital privado, al tiempo que tiene la impresión de que "los alcaldes están desarmados, absolutamente en manos de las 'emasagras' de turno".

El problema, según López Martos, es que los alcaldes no renuncian a financiarse con el dinero que obtienen de la gestión del agua y, en lugar de invertir dicho dinero en la mejora de la red de saneamiento, se dedican a obras o actuaciones que no guardan relación con el abastecimiento.

Tampoco descarta que la prolongación del periodo de sequía, que ha mermado sustancialmente los embalses de la provincia, sirva de justificación a Emasagra para aplicar en un futuro próximo el canon de sequía.

En opinión del responsable de la Confederación, el agua es un servicio público antes que un negocio. "No digo que no haya que pagar lo que cueste el servicio -puntualiza- pero se debe garantizar su cantidad y su calidad, pagar por ella lo que sea justo, y al alcalde hay recordarle un principio que la administración francesa lleva a rajatabla: el agua sólo financia al agua".

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