Un grupo de trabajadores de la  Administración educativa andaluza elevó hace dos años un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando, como medida  cautelar , la paralización del concursillo docente  de traslados -que la  Junta mutó en comisión de servicios-, al entender que en sus términos actuales el  procedimiento incurre en "discriminación".

Ahora, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo ha admitido las medidas cautelares solicitadas ante la Audiencia Nacional por una asociación nacional de interinos de Educación contra el modelo de baremación de su tiempo de trabajo, en el que pidieron paralizar los traslados y destinos.

La resolución del Juzgado Central de lo Contencioso, a la que ha tenido acceso Efe, atiende a la petición formalizada por docentes interinos que pedían como medida cautelar que, entre otras cuestiones, se paralizaran los destinos al considerar discriminatorio que se puntuara de manera diferente su tiempo de trabajo y el de un funcionario.

El colectivo solicitó esta paralización, además, al entender que muchos de los interinos llevan en sus puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.

El abogado encargado de la causa, Manuel Martos García, ha explicado a Efe que esta decisión, que afecta a unos 130.000 docentes de todo el país, llega tarde y que analizará ahora la petición de suspender la adjudicación de plazas impugnadas.

"Es absurdo que a los dos años se tramite algo que es preferente y sumario, pero lo importante es que están admitidas y en breve se resolverá", ha resumido el letrado.