Montoro da un respiro a los ayuntamientos después de años de un férreo control. El ministro de Hacienda se comprometió ayer en una reunión en Madrid ante 300 alcaldes y presidentes de diputaciones a permitir que las instituciones que puedan reinvertir el superávit que generen. En el caso de Granada, según el presidente de la Diputación, José Entrena, esa medida puede suponer una inyección en el próximo año para la provincia de 100 millones de euros. "Es un acto de justicia para el municipalismo, hay mucha gente que lo está pasando y se necesitan inversiones en servicios públicos, por lo que no entiende que habiendo cumplido con los objetivos fijados por el Gobierno para cumplir con Bruselas no hayamos podido hasta ahora reinvertir el superávit", señala Entrena. En 2016, la institución provincial tuvo un superávit de más de 18 millones, de los que 7,3 sirvieron para amortizar deuda, mientras que el balance favorable de 2017 se estima en unos 30 millones de euros que darán mayor 'holgura' para inversiones en la provincia.

El ministro de Hacienda se comprometió a aprobar un decreto ley que permita a los ayuntamientos comenzar a gastar los 5.000 millones de remanente de 2017. Los alcaldes, que habían sido citados en este foro para "presionar" al Gobierno, atribuyeron el logro conseguido a la "fuerza del movimiento municipalista".

José Entrena: "Es un acto de justicia con el municipalismo. Se necesitan inversiones"

Así lo señaló al término de la cumbre el presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, quien, advirtió al ministro de que en 20 días los alcaldes "revisarán" que esté aprobado el decreto ley comprometido. Caballero insistió en que los alcaldes "se creen" la palabra del ministro pero "por si las moscas" van a estar muy atentos para que se garantice su cumplimiento.

De esta manera, lo que iba a ser un encuentro reivindicativo se ha quedado en una asamblea en la que, entre otras cosas, se ha redactado un listado de actividades en las que los ayuntamientos quieren invertir, y que se centran en políticas sociales.

Así, Caballero informó de que ese listado de actividades, que hoy ha sido trasladado al Ministerio de Hacienda, recoge inversiones en infraestructuras educativas, sociales, deportivas, culturales, además de gastos en seguridad y protección civil.

Los alcaldes también pretenden que el plazo de ejecución de estas obras finalice en abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales que se celebrarán en junio de ese año. De hecho, el presidente de la FEMP remarcó que "esa es la razón del decreto" ya que los ayuntamientos no pueden esperar al presupuesto del mes de junio "porque es tarde y porque estamos fuera de espacio y tiempo, y eso es algo que el Ministerio de Hacienda parece que ha entendido".

La cumbre local contó con los regidores de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia y responsables de los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Vitoria, Córdoba, Palma de Mallorca, Tarragona y Toledo, además de otros municipios más pequeños y presidente de diputaciones como el granadino José Entrena, que defendió que los ayuntamientos y las diputaciones "no son menores de edad" para gestionar sus presupuestos.