El presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que diga quién va a asumir la "responsabilidad" en su Gobierno por el "escándalo" que ha supuesto que la Administración autonómica haya sido condenada a pagar 165,6 millones de euros por el caso del Centro Comercial Nevada. Durante su debate con Susana Díaz ante el Pleno del Parlamento, Moreno demandó a la dirigente socialista que diga quién ha sido el "irresponsable" que ha tomado la decisión para que tengamos ese "fracaso judicial" que va a suponer que los andaluces "tengamos que pagar 165 millones".

El líder de los populares andaluces que esos 165 millones no los va a pagar ni la presidenta ni el Consejo de Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista, sino todos los andaluces y esto es un "escándalo". En opinión de Moreno, el dinero de todos los andaluces no puede servir para pagar la "mala gestión" del Gobierno andaluz, como los 165 millones que va a costar "la negligencia" por el caso Nevada.

Por su parte, la presidenta de la Junta, quien indicó que para hablar de "responsabilidades" no es precisamente el presidente del PP-A quien tiene que tomar la palabra -en referencia a la sentencia del caso Gürtel-, quiso dejar claro que su Gobierno siempre actúa "en favor del interés general" y lo va a hacer en todo momento. "Defenderemos el interés general de Andalucía dónde haga falta y en cada momento, siendo respetuosos con la labor de la justicia. Todas las actuaciones que sean necesarias, siempre para defender el interés general".

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, defendió ayer en el Parlamento andaluz que "no fue la Junta quien suspendió la ejecución de las obras" del Centro Comercial Nevada sino que "lo hizo un magistrado" y, tras señalar que la Administración andaluza no comparte la sentencia que le obliga a indemnizar al promotor con 165,6 millones, ha recordado que estudian acudir al Tribunal Constitucional. En respuesta a una pregunta planteada por el PP-A, Fiscal dijo que en este asunto el Gobierno andaluz "siempre ha actuado en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad", avalada por informes técnicos y jurídicos tal y como lo "demuestran" otras sentencias anteriores a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El consejero subrayó además que la Junta no intervino en la suspensión del proyecto, sino que fueron las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial las que hicieron imposible la apertura del centro comercial. Asimismo, el titular de Medio Ambiente afirmó "que lo que hay es un debate jurídico legítimo", que "queremos que continúe en el Tribunal Constitucional, ya que seguimos pensando que nos asiste la razón en el fondo de este asunto".

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García manifestó que esta "condena no es una casualidad", alegando que "se aprobaron dos planes parciales que eran ilegales y la Junta no recurrió como era su obligación"; mientras que la licencia de obras fue "recurrida fuera de plazo", en el juicio penal por este caso no hubo personación y "el abogado de la Junta no asistió al juicio" -primera vista- en el que se abordó el asunto de la indemnización. Todo ello le llevó a reclamar que el Consejo de Gobierno tome medidas para "depurar responsabilidades políticas por esta condena" y por "este regalo a un promotor" por "mirar a otro lado".