'Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario'. Así se denomina el proyecto de ley que se aprobó este martes en el Consejo de Ministros. La norma pretende conformarse como un "modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo y ancho de toda la cadena alimentaria, desde el origen hasta los hábitos de consumo en hogares y la restauración", según recogió el Gobierno Central. Así, las empresas del ámbito alimenticio deberán programar la donación del excedente, publicar los datos sobre el desperdicio y hacer hincapié en que los clientes pueden llevarse la comida que no han ingerido, entre otras medidas recogidas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó en octubre de 2021 el proyecto de ley y señaló que "en los hogares de España se desperdician 1.364 kilos de comida y bebidas al año". Planas hizo hincapié en que "se trata de una ley de convencimiento y no de coerción, y que, por tanto, su verdadero éxito será formar parte de los valores de la sociedad en su conjunto".

"Los tuppers están a la orden del día, dar la comida que el cliente no se puede acabar ya es habitual en Granada", ha explicado Gregorio García, dueño del restaurante 'Oleum' de Granada y presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada. Este ha explicado que desde hace unos años las sobras que los clientes no se han terminado se las llevan a casa. "Sea lo que sea, la gente ya pide si se lo pueden llevar a casa y nosotros con mucho gusto se lo preparamos y se lo damos", indica el empresario.

Desde el restaurante Atelier Casa de Comidas, también en el centro de Granada, han valorado de forma positiva esta medida del Gobierno, ya que en su local la gente no suele pedir habitualmente las sobras. "Muchos, la gran mayoría, no lo piden, pero si lo hicieran no tendríamos problemas en prepararlo y dárselo. Ningún problema. Quizá con esta nueva ley cambie el paradigma", han destacado. También han considerado una buena opción que se regule a nivel estatal el desperdicio de alimentos, pero indican que desde el restaurante ya se realiza una gran labor para que "ningún alimento vaya a la basura".

La ley establece que todos los organismos implicados en la cadena alimenticia deben seguir una jerarquía de prioridades para tratar el excedente. En primer lugar, se deberá destinar a la alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro. En el caso de que los alimentos estén en condiciones óptimas, pero no para donar, deberán ser transformados en zumos, mermeladas u otros formatos.

Por último, cuando no sean aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad, para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Además de este orden, se recogen otras obligaciones que deberán cumplirse como que la hostelería tendrá que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Asimismo, los productos con fecha de consumo preferente vencida deben presentarse de manera separada al consumidor y con precios inferiores. Por último, los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias.

Sanciones por no cumplir la ley

En cuanto al régimen sancionador de la futura norma, se considerará falta grave no contar con un plan de prevención que estará sancionado con entre 2.001 y 60.000 euros. Una infracción leve, que estará sancionada con multas de hasta 2.000 euros, será, por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o que las empresas de distribución al por menor y la hostelería y restauración no donen los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio.

Otra infracción leve será la negativa a colaborar con las administraciones para cuantificar los residuos de alimentos. Finalmente, las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

El presidente de la Federación de Turismo y Hostelería ha criticado ese régimen sancionador que plantea el Gobierno. "Estamos a favor del desperdicio cero, lo que no entendemos es lo de las multas. Todo lo que se hace contra la hostelería es con amenazas. El Gobierno en vez de mimar al turismo lo que quiere es destrozarlo. Creemos que hay otras formas de propiciar que el desperdicio sea cero diferentes al yugo de la multa", ha valorado.