El promotor de Marbella Tomás Olivo trató ayer de hacer ver al tribunal que le juzga por delito fiscal

que no ocultó los beneficios obtenidos con cinco contratos de obra pública suscritos con el Ayuntamiento de este municipio entre 1994 y 1997, sino que utilizó criterios contables diferentes a los aplicados después por los inspectores de Hacienda, que encontraron un fraude de 450.000 euros en el ejercicio de 2000.

Olivo, dueño del centro Nevada, de La Cañada en Málaga y consejero delegado de General de Galerías Comerciales, explicó que la política que rige en su empresa pasa por declarar los beneficios una vez que concluyen las obras y se entregan y no mediante la certificación parcial de los trabajos. Argumentó que su compañía carece de personal suficiente para determinar en cada momento los costes que se han ejecutado. Por eso en las cuentas de la empresa aparecen pagos del Ayuntamiento de Marbella reflejados como anticipos y no se precisan pormenorizadamente los gastos.

El empresario, al que el magistrado llamó la atención por la facilidad con la que recordaba las cuestiones que le planteaba la defensa y las dificultades cuando las preguntas procedían de la acusación, se esforzó en señalar el contrasentido que tiene para una compañía eludir 450.000 euros en el impuesto de sociedades cuando al año tiene que afrontar tributos que superan los 35 millones de euros. Es más, subrayó que ha tenido que soportar el IVA pese a que todavía no ha cobrado del Ayuntamiento la totalidad de las obras. Olivo estimó en más de 16 millones de euros la suma que todavía le adeuda el Ayuntamiento de Marbella.

Esta lectura de la contabilidad de la empresa contrasta con la que proporcionó el inspector de Hacienda que inició el expediente de investigación que ha concluido con Olivo y su director comercial y sobrino, Ginés Ros, sentados en el banquillo. El testigo dijo que "no existía separación contable" de modo que se explicaran individualizadamente los diferentes conceptos, sino que las cuentas eran "un saco". Aludió a que la promotora General de Galerías Comerciales subcontrató a su vez las obras con Emasa, constructora familiar participada mayoritariamente por Olivo. "Son dos manos de la misma persona y una para a la otra", indicó para sugerir que Emasa tampoco emitiera facturas. De hecho, la constructora también se alimentaba de los anticipos a cuenta de la promotora.

El inspector de Hacienda afirmó que no pudo localizar documentos que avalaran los gastos realizados en la ejecución de las obras contratadas con el Ayuntamiento. Tanto es así que los beneficios que supuestamente se ocultaron a Hacienda los estimó simplemente restando al importe total contratado con el Ayuntamiento de Marbella las cantidades comprometidas en contrato con Emasa.

El técnico subrayó que en nueve ocasiones reclamó sin éxito esta información a la empresa. A esta cuestión el director financiero respondió que no podían proporcionarle información que no tenía porque las obras no estaban "sustancialmente concluidas" como establece la norma, criterio que tampoco compartió el inspector de Hacienda que, de acuerdo con la tesis que mantienen tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, sí habían terminado desde el momento en que se había pedido la recepción de algunos de los trabajos contratados y se había acordado el pago con suelos municipales y compensando otras deudas.

La Fiscalía solicita en su acusación provisional dos años y medio de cárcel para Tomás Olivo y su sobrino, a quienes también reclama una multa de tres millones de euros por presunto delito contra la Hacienda Pública.

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