Un grupo de opositores de la Diputación Provincial ha pedido formalmente a la institución que se suspenda el proceso de selección para cubrir nueve plazas de auxiliares de Servicios Generales y que sean revisados los ejercicios anteriores, en los que solo han resultado aprobadas 19 personas.

Las personas que secundan esta nueva protesta por supuestas "irregularidades" en las oposiciones de la institución provincial han remitido una carta al presidente, Antonio Martínez Caler, en la que le explican sus argumentos y piden la revisión del proceso de selección.

Las irregularidades que denuncian los opositores consisten sobre todo en una "acumulación de indicios", como las relaciones de parentesco familiar con miembros del gobierno de la Diputación, de los sindicatos o afinidades políticas con el PSOE.

Estas oposiciones comenzaron el pasado 16 de abril con el primer ejercicio teórico tipo test. De los 2.200 aspirantes, resultaron aprobadas 103 personas, que pudieron hacer el segundo ejercicio el pasado 10 de mayo.

Esta segunda prueba, que consistía en un tema a desarrollar, es la que más recelos ha provocado, sobre todo tras conocerse los nombres de los 19 aprobados que ayer pudieron presentarse a la tercera prueba, en la que tienen que contestar con la resolución de dos supuestos prácticos.

Una de las portavoces de este grupo de opositores que piden la revisión de las pruebas, María Ángeles Vega, aseguró que las personas que han firmado la protesta no tienen ninguna vinculación política y que su único objetivo es que se les demuestre la limpieza de los exámenes.

Los opositores pidieron la suspensión del tercer examen, que se celebraba ayer y anunciaron que si no se producía esa paralización solicitarán "que se investiguen las graves irregularidades administrativas y se anule el proceso de selección y se dé traslado al Ministerio Fiscal para que depure las responsabilidades penales que pudieran derivarse".

Sin embargo, ese examen se celebró ayer y al mismo concurrieron las personas afines a las que se refieren los denunciantes. Uno de ellos es hijo de José Luis Torices, hijo del diputado de Recursos Humanos de la Diputación, y otra es mujer de Jesús Quero, ex alcalde de Granada y gerente del PTS.

Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que la mujer de Quero es trabajadora de la empresa de vivienda de la Diputación, Visogsa, desde hace doce años, y que hace cuatro también pasó una prueba de interinidad en la institución provincial. Esas mismas fuentes añadieron que tiene perfecto derecho a presentarse y a aprobar si supera las pruebas, y que es absurdo e injusto que se la relacione con irregularidades sólo por ser mujer de un cargo público.