La segunda parte de la Operación Colina Roja ha llevado de nuevo a la Comisaría de Policía de Granada, como detenidos, a algunos de los anteriores dirigentes de la Alhambra, María del Mar Villafranca, Victoria Chamorro y José María Visedo, así como a otros funcionarios y empresarios vinculados al monumento durante casi una década (entre 2007 y 2015). En total, 24 personas arrestadas ayer por su presunta pertenencia a una "organización criminal" de fraude y corrupción en la adjudicación "a dedo" de contratos millonarios.

A las siete de la mañana de ayer se puso en marcha el amplio dispositivo organizado por la Policía Nacional para detener a más de una veintena de personas al mismo tiempo, aunque algunos de los arrestos se fueron produciendo en horas posteriores, bien porque hubo que localizarlos en otro lugar o en algún caso por su avanzada edad. Dependencias de la Alhambra y domicilios privados recibieron la visita inesperada de los agentes policiales que, por orden del Juzgado que investiga esta presunta trama de fraude, se llevaron detenidos a funcionarios, empresarios y antiguos cargos de confianza.

Según fuentes de la Policía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los arrestados no pasaron inmediatamente a disposición judicial, sino que fueron saliendo en libertad con cargos, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital los llame a declarar, una vez que se haya analizado la voluminosa documentación intervenida y requerida al Patronato de la Alhambra y a otras instituciones.

La Policía advirtió ayer, en una nota informativa, de que "no se descartan nuevas detenciones" vinculadas a esta causa judicial en la que se investigan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación de caudales y tráfico de influencias. La Policía apunta a un posible perjuicio de 7 millones de euros para las arcas públicas a través de lo cientos de contratos que el Patronato de la Alhambra adjudicó durante 9 años.

Estas diligencias previas se abrieron en 2017 como consecuencia de los amplios derroteros delictivos a los que fue apuntando otra causa abierta en 2015, que fue la investigación del contrato de audioguías de la Alhambra y que ya originó ese verano la detención de Villafranca y de otros dirigentes del monumento, en lo que se llamó entonces Operación Colina Roja. Aquel escándalo provocó la dimisión de la directora del monumento y la renovación del equipo que dirige actualmente el Patronato.

Los arrestos de ayer, tres años después, forman parte de lo que la Policía ha calificado como la segunda parte de aquella operación, Colina Roja II. Sin embargo, corresponden a una nueva causa judicial, independiente de la primera.

Entre los detenidos, además de coincidir los mismos que llegaron a estar imputados por el caso Audioguías, hay otro grupo de personas que estarían relacionadas con la adjudicación de otros contratos por parte del Patronato. Según fuentes próximas al caso, las nuevas imputaciones se han centrado sobre todo en funcionarios y trabajadores de la Alhambra.

A raíz de aquel inicio del caso Audioguías en julio de 2015, por una querella de la Fiscalía, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Granada realizó una amplia investigación en la que fue aireando otros contratos sospechosos con personas y empresarios que tenían lazos de amistad o familiares con algunos de los cargos o funcionarios de la Alhambra.

La declaración de testigos que trabajaban en el monumento o para esas empresas, así como la documentación aportada hizo crecer el caso Audioguías hasta el punto de que el juez llegó a imputar 8 delitos a 17 personas en dos autos firmados en junio y octubre de 2016. También recibió el Juzgado varios informes de auditoría, del Estado y otro encargado por la propia Junta de Andalucía. Este último fue un documento demoledor que detectaba irregularidades en la contratación de cientos de servicios durante una década en el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

El juez instructor, Antonio Moreno, quiso impulsar entonces una investigación global de toda esa presunta trama de contratos "a dedo", pero en 2017 se produjo un frenazo en seco. La Audiencia Provincial estimó el recurso de uno de los investigados y ordenó dividir la causa en dos, de modo que la instrucción del caso Audioguías continuara centrada en ese caso. El tribunal consideró que todo lo demás debería ser objeto de una investigación nueva, dado que el asunto denunciado por la Fiscalía originalmente no tenía que ver con una trama criminal, sino con las circunstancias concretas de un contrato definido, que era el de la adjudicación del servicio de Audioguías.

El juez instructor de refuerzo (Moreno estaba entonces de baja), José Luis Ruiz Martínez, corrigió así la deriva de la investigación impulsada hasta entonces y en un auto fechado el 27 de marzo de 2017 -al que tuvo acceso este periódico- ordenó el "desglose de todos los particulares relativos a la ampliación de la querella formulada inicialmente por la Fiscalía" y que se habían reflejado en los últimos autos de su colega.

Mientras el caso Audioguías se encaminaba hacia su recta final, con el juez a punto de dictar el auto que pondría fin a la fase de instrucción para pasar a la preparación de su posible juicio, el mismo magistrado abrió el año pasado unas diligencias nuevas en las que, ahora sí, tenía como objeto principal la investigación de la posible "organización criminal" en la Alhambra durante casi una década para, presuntamente, beneficiar económicamente a algunas personas.

La Policía explicó ayer que su investigación desde el inicio del caso Audioguías puso de relieve la trascendencia de lo ocurrido en la Alhambra durante años. Las supuestas irregularidades de aquel servicio contratado (el monumento no habría cobrado el canon que le correspondía) "no son aisladas", sino que "se extendían a un grupo de empresas y personas que se estarían beneficiando de la adjudicación irregular de contratos por parte del Patronato de la Alhambra". Atribuyen a los detenidos su presunta participación en un "grupo criminal perfectamente organizado".

Los imputados en el caso Audioguías, entre los que se incluye la anterior cúpula directiva del monumento, ya acudieron a declarar en mayo del año pasado al Juzgado de Instrucción 4, aunque fue el magistrado de refuerzo el que se encargó de los interrogatorios.

Tras su nueva detención de ayer, en el seno de esta nueva causa judicial por el resto de los contratos de la Alhambra, los detenidos tuvieron asistencia de sus letrados en sede policial pero, según algunos de los abogados consultados, sus representados prefirieron no declarar en sede policial y han quedado pospuestas sus explicaciones a la citación judicial que habrán de recibir, una vez que las partes puedan conocer también los detalles de los delitos y hechos que les imputan.

Operación Colina roja II