Granada

Nueva queja ante la Audiencia por la instrucción del caso Agreda

  • La acusación pide que se anulen las declaraciones y denuncia un "alarde de arbitrariedad"

El caso investiga las condiciones de la venta del edificio municipal casa Agreda. El caso investiga las condiciones de la venta del edificio municipal casa Agreda.

El caso investiga las condiciones de la venta del edificio municipal casa Agreda. / G. H.

La Audiencia Provincial de Granada tendrá que resolver una nueva queja contra la forma en que se está llevando a cabo la investigación del caso Agreda desde el Juzgado de Instrucción 9 de la capital. Una de las acusaciones populares ha pedido la nulidad de las últimas declaraciones judiciales que se han llevada a cabo, por una supuesta falta de garantías procesales, y ha denunciado ante el tribunal un "alarde de arbitrariedad" del magistrado.

El origen del conflicto es la recusación planteada el año pasado contra el juez instructor de la causa, a quien una de las acusaciones consideraba "parcial". El magistrado José Luis Ruiz Martínez archivó esta investigación en 2016 al no apreciar indicios de delito por parte de los investigados (entre los que están el exalcalde José Torres Hurtado) y fue la Audiencia Provincial la que ordenó su reapertura, al estimar uno de los recursos de las acusaciones y apreciar que sí había suficientes indicios de posibles acciones delictivas. Sin embargo, el mismo órgano judicial no aceptó la recusación del juez, también reclamada, y permitió que el caso siguiera en sus manos. Las dos acusaciones populares (la del empresario Ramón Arenas y la de Vamos Granada) denuncian que nunca han sido notificados de esa decisión, que se enteraron por los medios de comunicación y que esta posible irregularidad procesal les causa un perjuicio porque no han tenido opción de impugnar la resolución.

La acusación de Vamos pedirá la nulidad de la resolución que confirmó al juez Otra de las partes se ausentó de las declaraciones en señal de protesta

Las dos partes acusadoras han manifestado en varios escritos dirigidos al Juzgado su malestar con esta situación e incluso el letrado de Arenas llegó a abandonar la sala de vistas durante las últimas declaraciones ordenadas por el juez, en señal de protesta. Habían pedido que se aplazaran las comparecencias hasta que no fueran notificados formalmente del resultado de la recusación, pero el juez rechazó esta solicitud 'in voce' (sin una resolución expresa por escrito) al comienzo de la declaración. Lo hizo "en aras a conjurar y evitar cualquier tipo de dilación en la práctica de las diligencias de investigación ordenadas por la Audiencia Provincial", según consta en el acta de ese día. En un comunicado, la acusación llegó a calificar de "pantomima" esta instrucción del caso, con el único fin de archivarlo.

La otra acusación (la concejal de Vamos Marta Gutiérrez), bajo la dirección letrada del que ejerció durante muchos años como fiscal anticorrupción Carlos Castresana, ha enviado ahora un recurso de apelación para ser elevado a la Audiencia Provincial y que los magistrados de este órgano decidan sobre estos últimos acontecimientos. Denuncia en su escrito que el juez era conocedor de la intención de esta parte de pedir la nulidad del rechazo a su recusación (es decir, que iban a impugnar la confirmación de Ruiz Martínez como instructor de la causa). Para llevarlo a efecto, los letrados necesitan haber sido notificados formalmente, algo que, según aseguran, no ha hecho el Juzgado de Instrucción 9.

En el recurso que se elevará a la Audiencia, la acusación popular pide que se dejen sin efecto las últimas declaraciones, en las que han comparecido tres testigos (entre ellos el exconcejal Eduardo Caracuel) y tres nuevos investigados en la causa por su relación con la mesa de contratación que adjudicó la venta de la casa Agreda a la asociación Aide.

Desde la reactivación de la instrucción de este caso (una vez que se resolvió la recusación y el juez fue confirmado) la misma acusación de Vamos Granada ha pedido la práctica de un buen número de diligencias. Todas las peticiones relacionadas con el rastreo del dinero con el que Aide empezó a pagar la compra del edificio municipal al Ayuntamiento (esta parte considera que la asociación compradora podría ser una tapadera para el blanqueo de dinero), incluidas varias comisiones rogatorias a Marruecos y Francia, han sido rechazadas por el juez, que tampoco aceptó investigar a los responsables de Aide. Ahora, los letrados de Vamos han pedido también que se cite como testigo al anterior letrado jefe del Ayuntamiento de la capital, autor de uno de los informes que se hicieron para el concurso de venta del inmueble histórico.

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