Granada

Nuevo varapalo judicial: la ciudad tendrá que pagar 13 millones a un promotor

  • El TS rechaza el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, que tendrá que responder ante Vargas e Hijos

Los terrenos de la discordia están ubicados en el entorno del IES Severo Ochoa en la Chana. Los terrenos de la discordia están ubicados en el entorno del IES Severo Ochoa en la Chana.

Los terrenos de la discordia están ubicados en el entorno del IES Severo Ochoa en la Chana. / pedro hidalgo

El Ayuntamiento no gana para disgustos. Mientras los grupos municipales aseguran que no apoyarán un plan de ajuste que incluya la subida del IBI, el agujero económico de la capital no deja de crecer. La situación es tan dramática que ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver, lanzó una llamada de auxilio a la oposición para apoyar este plan económico que busca reducir 90 millones de deuda en cinco años. Es la única forma de sanear unas cuentas que, cada cierto tiempo, reciben un nuevo varapalo en forma de sentencia o reclamación. Ayer fue uno de estos días.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación con el que la capital pretendía evitar el pago de una indemnización al propietario de unos suelos en el Plan Parcial Oeste 3 por valor de 13,2 millones de euros. El alto tribunal no ha admitido los argumentos presentados por el Ayuntamiento, lo que obliga a la capital a abonar la cantidad. El asunto ya había pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde había corrido la misma suerte.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, la resolución que llegó al Ayuntamiento en junio de 2016 se refiere a una negligencia urbanística en la etapa del PP que ahora tendrán que pagar todos los granadinos.

El conflicto se generó cuando un promotor que estaba desarrollando viviendas le cede al Ayuntamiento ocho parcelas en el entorno del IES Severo Ochoa de la Chana para incluirlas dentro del Plan Parcial Oeste tres. La sorpresa llega cuando aparece otro promotor que dice ser el propietario de los terrenos cedidos. Se trata de la mercantil Construcciones Vargas e Hijos, que solicitó entonces al Ayuntamiento el inicio del expediente de expropiación de estas parcelas. Pasados seis meses sin que esto ocurriera, la constructora presentó una hoja de apremio sin obtener contestación del Ayuntamiento así que se dirigen a la comisión provincial de valores para que se fije el justiprecio, o lo que es lo mismo, la indemnización que le van a reclamar por la pérdida de los bienes y derechos expropiados. Se fijó en 13.267.000 euros.

Tras el recurso del Consistorio que se desestima comienza el proceso judicial. Antes la ciudad intenta llegar a un acuerdo con la constructora mediante el pago en especie. Ambos firman un convenio por el cual la mercantil acepta parcelas por valor de 13 millones y la condición de que el proyecto de reparcelación se inscribiera en el registro de la propiedad pero nunca se llegó a hacer. Según el ministerio, la documentación que se presentaba no era la adecuada lo que motivó las quejas de la entonces concejal de Urbanismo por las actuaciones del el registro de la propiedad número dos.

El TSJA dictó en 2016 una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar los 13,2 millones de euros. La noticia llegó nada más llegar el PSOE a la Alcaldía e intentó evitar el abono de la cantidad acudiendo al Supremo. Ahora ha sido el Alto Tribunal el que ha desestimado el recurso de casación y ha condenado al Ayuntamiento a pagar los 13,2 millones. La capital anuncia que estudiará el fraccionamiento o su inclusión en el Plan de Pago a Proveedores. En cualquier caso, es un nuevo golpe a las debilitadas arcas municipales motivado, según el concejal de Urbanismo, por una negligencia urbanística a manos del PP que ahora pagarán todos los granadinos.

El concejal de Economía, Baldomero Oliver, pidió ayer a los grupos colaboración para aprobar el plan de ajuste. Tras explicar las consecuencias que tendrá la sentencia, Oliver se mostró confiado en que este dato haga a los grupos reflexionar y replantearse a qué se quiere jugar por parte de esos grupos y cuál es el compromiso que quieren adoptar con la ciudad en esta situación crítica. "Voy a invocar a la responsabilidad de los grupos. Cada uno tendrá la posición que quiera adoptar pero esto no es un problema de gustos sino de responsabilidad", insistió el edil que aún ve viable aprobar el plan a mediados de octubre en pleno extraordinario. A su juicio, la oposición tendrá que decidir si "favorecen a la ciudad o se empeñan en mantener una postura que puede resultar irresponsable".

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