El área de Movilidad presentó hace dos semanas la reordenación del mapa de transporte urbano. Según detalló la concejal del área, Raquel Ruz, la intención del equipo de Gobierno es que este nuevo sistema comience a operar a partir del mes de abril. Sin embargo, los grupos de la oposición tienen serias dudas de que el equipo de gobierno socialista pueda cambiar el modelo implantado por el Partido Popular y que fue llevado a pleno dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que, entre otras modificaciones, comprendió la puesta en marcha de la LAC.

Según explicó ayer la concejal del PP, María Francés, a este grupo municipal no le queda claro que se pueda derogar un plan aprobado en pleno sin someterlo a votación. Tampoco entiende Francés por qué desde el equipo de Gobierno se habla de un supuesto periodo de alegaciones si la reordenación no ha sido recogida en un expediente como tal. Esto es, no cuenta con aprobación inicial, periodo de alegaciones, y aprobación final. "Lo que pretende hacer el PSOE va más allá de un cambio de líneas o frecuencias. Es una reordenación integral del sistema de transporte", detalló ayer Francés quien pidió al secretario municipal que aclare en qué términos se debe afrontar esta reordenación y qué pasos se deben dar para que tenga todas las garantías jurídicas.

Desde Ciudadanos van más allá. Este grupo municipal registró ayer una moción para el pleno de marzo para solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario dentro de los próximos 15 días hábiles con un único asunto del día: el nuevo modelo de movilidad presentado por el PSOE.

Según explicó ayer el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, el último plan presentado recoge un modelo contrario a lo expuesto hasta ahora que nace de forma unilateral por parte de un equipo de Gobierno (PSOE) que representa a más del 30% de la población. Para Olivares, durante todo este tiempo se ha obviado el Observatorio de la Movilidad, la herramienta que Cs impulsó para alcanzar una coordinación y la estrategia en aras del interés general de la ciudad. A su juicio y tal y como reza la moción los vecinos, además, han mostrado sus quejas por este plan que no pasa por aprobación plenaria como garantía ciudadana. "Tanto la implantación de un nuevo modelo como el presentado, como la creación o eliminación del líneas singulares debe llevar aparejado el consenso institucional", destacó Olivares quien además cargó contra la nueva nomenclatura de las líneas, "una fórmula confusa".

Olivares pidió acabar con las políticas de "ciclos de cuatro años" donde cada partido en el Gobierno implanta unas medidas que son fulminadas por el siguiente a pesar de los perjuicios que puedan ocasionar a la ciudad.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez consideró prioritario abrir a la participación el plan, antes incluso de que llegue a pleno. Según explicó la concejal el equipo de Gobierno todavía tiene que dar respuesta a muchos interrogantes como también debe hacerlo el Consorcio Metropolitano de Transporte que también ha modificado su mapa de líneas. "Hay que ampliar las líneas coordinadas y conocer qué se va a implantar desde el punto de vista metropolitano", destacó Gutiérrez quien remarcó la necesidad de que, si se los cambios se condicionen a la votación del pleno, se haga desde el consenso con resto de grupos y ciudadanos.

Por último, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, resaltó la necesidad de debatir los cambios con organismos y asociaciones que trabajaron en el Observatorio de la Movilidad. En este sentido criticó que no se haya informado, por ejemplo, a Facua, a los sindicatos o a los propios trabajadores de Rober y Alhambra Bus, principales afectados por los cambios. Así, a juicio del edil, antes de ir a pleno se debe abrir un proceso participado que incluya también al Consorcio Metropolitano para ver los futuros cambio.