Granada

Olivo pide penas de cárcel de hasta 16 años y demoler la discoteca del Serrallo

  • El empresario del Centro Nevada, personado en esta causa, solicita juicio contra el exalcalde Torres Hurtado, contra el promotor Roberto García Arrabal y contra el resto de procesados por cinco posibles delitos

Olivo pide penas de cárcel de hasta 16 años y demoler la discoteca del Serrallo Olivo pide penas de cárcel de hasta 16 años y demoler la discoteca del Serrallo

Olivo pide penas de cárcel de hasta 16 años y demoler la discoteca del Serrallo

La empresa del Centro Comercial Nevada, de Tomás Olivo, se ha mostrado implacable con las presuntas ilegalidades cometidas en la construcción y explotación de la discoteca del Serrallo durante los años de gobierno del PP. En su escrito de acusación enviado al Juzgado (General de Galerías Comerciales SA está personada en la causa) ha solicitado que el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado, la mayor parte de los miembros de aquel gobierno del PP, los principales cargos de Urbanismo y el empresario promotor Roberto García Arrabal sean juzgados y condenados a penas de entre 2 y 16 años de cárcel por 5 importantes delitos. También pide que el edificio sea demolido por vulnerar la normativa urbanística.

Tomás Olivo fue condenado en 2010 por un delito contra la ordenación del territorio y la sentencia final ordenó la demolición de una esquina del Comercial Nevada. Casi una década después, con el negocio en funcionamiento y otra resolución judicial en sus manos que obliga a la Junta de Andalucía a pagarle 166 millones de euros por los años en que la obra estuvo paralizada, reclama ahora, en relación al caso judicial del Serrallo, que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables del Ayuntamiento de Granada durante el mandato del PP. Este partido ejerció la acusación contra Olivo en el caso Nevada, así que la revancha está servida.

Implacable escrito de acusación de la empresa del Centro Comercial Nevada

En su escrito denuncia que García Arrabal contratara al hijo del alto cargo de Urbanismo

El promotor también acusa al empresario que levantó el Centro Comercial Serrallo, Roberto García Arrabal, que con sucesivas denuncias y pleitos en la década anterior fue muy beligerante y trató de frenar la apertura del Nevada. Olivo reclama el derribo del restaurante-discoteca, unas instalaciones de ocio que (por proximidad) pueden ser competencia directa de su negocio.

Un delito continuado de prevaricación, otro de prevaricación urbanística, cohecho, malversación de caudales públicos y tres variantes del delito contra la ordenación del territorio. Estas son las acusaciones que Olivo ha formulado contra 16 de los 17 procesados por la juez de instrucción que el pasado 11 de febrero dio por finalizada la investigación del caso Serrallo, abierta en 2014, para avanzar en la preparación del juicio oral. Solo ha dejado fuera al interventor municipal.

El promotor del centro comercial de Armilla reclama que el exalcalde de la ciudad, Torres Hurtado, sea condenado a 12 años de prisión por los delitos contra la ordenación del territorio (4 años), malversación de caudales públicos (6 años) y prevaricación urbanística (2 años). Además reclama una suma de más de 100 años de inhabilitación para cargo o empleo público, especialmente por los cargos de prevaricación, cuya pena pide aumentar en un grado por el carácter continuado en el tiempo de los ilícitos. La misma condena reclama este acusador para la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.

Pero los principales acusados por Olivo son el empresario García Arrabal y el que fue director de Obras Municipales Manuel Lorente, dado que a los delitos anteriores (salvo el de prevaricación urbanística, solo imputada a los cargos públicos) agrega también el de cohecho, que sumaría 6 años más de prisión a su petición. En total, pide para ellos una condena de 16 años de privación de libertad, además de otro medio siglo de inhabilitación para cada uno. Los hechos que justifican la acusación de este delito son los relacionados con la contratación laboral por parte del empresario del hijo del alto cargo de Urbanismo, justo en el tiempo en que se estaban tramitando las licencias y demás trámites para la construcción y apertura de la discoteca del Serrallo.

Entre el grupo de mayor responsabilidad, a criterio de esta parte acusadora, estarían además de los anteriores (Torres Hurtado, Nieto, García Arrabal y Lorente), el resto de antiguos altos cargos de Urbanismo, el jefe de Licencias, la directora de Urbanismo o el coordinador del área. Para estos últimos reclama Olivo 10 años de prisión y 45 años de inhabilitación en total.

Por último queda el grupo de los concejales del PP que formaban parte de la junta de gobierno local que aprobó el cambio de horarios y uso del edificio del Serrallo (lo que en la práctica permitió la apertura de la discoteca) donde estaba prevista la construcción de un parque de atracciones infantil. Al margen de Torres Hurtado y Nieto (con más delitos atribuidos), hay 8 concejales en esa situación, de los cuales 6 siguen siendo ediles del Ayuntamiento de Granada y uno más en Ogíjares. Olivo los acusa de prevaricación urbanística y pide para ellos 2 años de prisión, más una condena a 75 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

La demolición de la sala de fiestas que reclama para restituir la legalidad urbanística supuestamente vulnerada tendría que ser sufragada por los condenados y por las empresas señaladas como partícipes a título lucrativo, que son las dos mercantiles creadas por García Arrabal para la explotación de las instalaciones que construyó, 683 Upper Club y Multiaventuras Serrallo Plaza. Curiosamente Olivo no pide responsabilidad a la sociedad promotora de la obra y actual propietaria del centro comercial Serrallo, hoy llamada Taler Real Estate, después de que García Arrabal la vendiera a finales de 2014. El propietario del Nevada admitió hace más de un año a este periódico que estaba negociando con esa firma la compra del Serrallo para hacer un gran outlet.

En el escrito de acusación presentado por la empresa de Tomás Olivo, ésta fundamenta sus peticiones de condenas para los procesados en la supuesta vulneración de la normativa urbanística y del pliego de condiciones que regulaba el concurso municipal de adjudicación de una zona verde municipal junto al Serrallo, donde estaba previsto un parque infantil. Expone esta parte acusadora que el promotor (el mismo que el del centro comercial anexo) alteró el origen y el objeto de aquella concesión pública para levantar un edificio que iba a ser una discoteca. Y todo ello con la participación cómplice de los principales responsables municipales en aquel momento.

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