El diputado provincial del PP José Torrente acusó ayer a la institución que preside Antonio Martínez Caler, PSOE, de "ignorar" la Ley de Contratos de la Administración Pública en la adjudicación en dos fases de la construcción del puente de Láchar sobre el río Genil. Según explicó Torrente, la mesa de contratación de la Diputación adjudicó la segunda fase de los trabajos sólo "18 días antes" de la inauguración de la infraestructura, el lunes pasado. Por tanto, el diputado popular consideró que la obra "se ha terminado sin haberse adjudicado los trabajos".

Según informó Torrente, la mesa de contratación de la institución provincial dio el visto bueno a la segunda fase de la construcción del puente el pasado 29 de noviembre, el mismo día que Diputación informó al grupo popular de que se había firmado el contrato con la empresa constructora. Según explicó el diputado, la obra se dividió en dos fases, con la idea de que la segunda se adjudicase directamente mientras la empresa en cuestión cumpla lo establecido para la ejecución de la primera fase. Sin embargo, Torrente criticó que "la obra ha ido a su ritmo y los procedimientos administrativos han ido al suyo", por lo que criticó que la ejecución de la infraestructura es "una obra sin soporte legal alguno".

El diputado usó un dato más para corroborar esa afirmación. Durante la ejecución de la primera fase de los trabajos -con un coste de 300.000 euros y de 600.000 la segunda parte de la obra- "se detecta un fallo en el número de micropilotes que deben sustentarlo". Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consideró necesario la instalación de unas escolleras. Esas "dificultades", explicó Torrente, fueron valoradas en un informe geotécnico posterior a que comenzasen las obras en 403.951 euros. "Es algo que puede pasar, pero lo que no puede ser es que la administración incumpla los trámites oportunos", sentenció el diputado popular.

Esos trámites pasarían por la paralización de la obra, según especifica la ley de contratos, por el "modificado del proyecto tenía un coste de más del 10 por ciento del total de la obra", en concreto, especificó Torrente, del "44 por ciento". El diputado explicó que la ley obliga a que el proyecto pase de nuevo por la mesa de contratación. Sin embargo, el modificado "no pasa por el órgano de adjudicación". Además, Torrente subrayó que, aunque la Diputación ha afirmado que los 400.000 euros saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía, "no hay constancia de ello y, además, ha hecho la obra sin el capital disponible". Por todo ello, el diputado popular se preguntó "por qué el proyecto de construcción de un puente no tiene un estudio geotécnico previo".

"Si el PSOE no toma medidas, estarán haciendo un flaco favor a su partido", sentenció Torrente, que aseguró que el presidente de la Diputación "tiene mucho que explicar".