El Partido Popular de Granada pidió ayer a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan "serio y solvente" que prolongue la vigencia del extinto decreto contra la exclusión social. En la provincia "sólo" se invirtieron 7,9 millones de euros, según el PP, cantidad que contrasta con los 20 millones de euros que el pasado lunes anunciaron la delegada de la Junta en Granada, Sandra García y el delegado de Salud, Higinio Almagro. La parlamentaria popular, Ana Vanesa García, preguntó al Gobierno andaluz en qué se invirtió la cantidad restante.

Ante las diferencias en las cifras y el corto plazo de vida del citado decreto de junio a diciembre de 2013, la parlamentaria popular criticó la actuación de la Junta. Dentro de las tres líneas del plan -ayuda a la contratación, ayuda a domicilio y garantía alimentaria-, García destapó las "desvergüenzas" de cada una de ellas. Sobre la contratación, lamentó que los contratos no pudieran superar los tres meses de duración ni los 1.000 euros mensuales con las cotizaciones incluidas. Con estas condiciones "poco se puede hacer", dijo García.

En cuanto a la ayuda a domicilio, más de 2.000 personas dependientes se han quedado sin atención al finalizar el decreto, a juicio del PP. Por su parte, la Diputación ya ha anunciado que asumirá el servicio durante el mes de enero.

Respecto a la garantía alimentaria, iniciativa que aseguraba tres comidas diarias a niños, mayores y vecinos en riesgo de exclusión social, García advirtió que en los meses de julio y agosto no se dio alimento a los menores, "ejemplo de mala previsión y gestión". En la atención a mayores únicamente Baza y Granada consiguieron ayuda por un total de 30.000 euros.