El PP pide cuatro años de cárcel y 24 de inhabilitación para el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate por la presunta tramitación irregular del centro comercial Nevada, de la que también responsabiliza a cuatro ediles pero no al resto de imputados, entre ellos el promotor, Tomás Olivo.

En su escrito de acusación, el PP se adhiere parcialmente a la calificación de la Fiscalía pero no formula acusación contra cinco de los once imputados: Tomás Olivo, dos arquitectos, un abogado y una letrada funcionaria del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial.

En lo que se refiere a Morales Cara y Cañavate, el PP es más contundente que el Ministerio público. Coincide con éste en atribuirle un delito contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos y añade un tercer cargo, el de malversación de caudales públicos, por el que solicita otros dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

La presunta malversación se explicaría en que el ex alcalde y el anterior responsable de Urbanismo podrían haber lucrado al promotor, Tomás Olivo, "al dar aplicación privada a bienes muebles o inmuebles del Ayuntamiento con grave perjuicio para la causa pública".

Para los otros cuatro concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia de obras, la formación solicita ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, una petición idéntica a la que hizo el fiscal.

Respecto al futuro del centro comercial, el PP también es partidario, como el fiscal, de que se proceda a su demolición, si bien aceptaría "la posibilidad de medidas correctoras", lo que podría interpretarse como el derribo parcial.

Entiende la acusación particular que el Ayuntamiento de Armilla debe ser considerado "perjudicado directo" en la causa, porque, entre otras cosas, habría "perdido el ingreso de tasas e impuestos como consecuencia de las ilegalidades" y también "ingresos en cuanto a licencia municipal de obras y respecto de una hipotética licencia de primera ocupación", al haber mayor edificabilidad de la permitida.

Armilla queda perjudicada por el hecho de que el Nevada tenga mayor volumen, ocupe zonas verdes y de servidumbre de carreteras, y también por haber perdido equipamientos y caminos públicos. Según el PP, esos perjuicios se seguirían produciendo haya o no demolición porque ya es "insubsanable" que los viales hayan quedado más estrechos al haberse construido viviendas junto los mismos.

En consecuencia, entre las medidas de responsabilidad civil de los imputados, propone el embargo de sus bienes en una cuantía de seis millones de euros.

Además, sostiene que, hasta que se celebre el juicio, la obra debe seguir paralizada y entiende que el Contencioso-Administrativo que Ayuntamiento y Junta mantienen con Tomás Olivo debe paralizarse "para salvaguardar la independencia del proceso".

Da la impresión, a la vista del escrito, de que el PP habría querido llegar más lejos. Resalta que "son todos los que están, pero no están todos los que son", Detecta, de hecho, indicios delictivos en la conducta del arquitecto Rico Amat y no descarta ampliar la querella e incluir a algún responsable del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación. También hace hincapié, por último, en que le parece "sumamente dudosa" la conducta de la Delegación de Obras Públicas de la Junta, que no abrió en su día expediente al Ayuntamiento ni impugnó la licencia de obras del centro.

4