La oposición a la venta de la Casa Agreda reunió ayer en la Cuesta de San Inés, donde está situado el edificio, a muchos representantes políticos y algunos vecinales. Durante la protesta la portavoz del PSOE, Carmen García Raya, propuso que estos edificios sean utilizados para algunos de los proyectos programados para la celebración del Milenio de la ciudad, como por ejemplo el Museo Andalusí.

Desde que el Ayuntamiento anunciara su intención de sacar a la venta este edificio, junto con la Casa San Matías y el Palacio de la Cuesta de Santa Inés han sido muchas las voces que se han levantado en su contra. Tras la aprobación ayer en la junta de gobierno del pliego de condiciones para la venta del edificio número 11 de la calle San Matías y la Casa Agreda, IU y PSOE junto con algunas asociaciones como la del Bajo Albaicín o Ciudadanos por Granada, han comenzado una campaña para evitar la venta.

La representante de la asociación Bajo Albaicín, Lola Boloix, señaló que "si el Ayuntamiento tiene problemas económicos, vender el patrimonio no es la solución". Por su parte, los portavoces de PSOE e IU calificaron de "intolerable" la venta del patrimonio histórico de la ciudad y se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el futuro uso del edificio sea hotelero.

En este sentido el concejal socialista, Isidro Olgoso, denunció que el equipo de gobierno "se jactara" hace unos días de que en el baremo de la venta se primara el uso cultural establecido por las ofertas, cuando en las bases de licitación aprobadas este parámetro sólo supone quince puntos sobre una base de cien.

Sin embargo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Juan García Montero, ha acusado a Olgoso de "hacer un uso demagógico" de las bases del baremo, que además otorga veinte puntos para la mejor oferta económica, treinta por generación de empleo, otros treinta para la oferta que asegure una mayor inversión en la conservación de las edificaciones y cinco a la "más innovadora". El concejal popular señaló además que las actuaciones municipales siguen la legalidad y que se trata de un plan "bien estudiado" y no de una decisión tomada a la ligera.

La campaña de protesta que empezó ayer con la concentración y recogida de firmas, continuará en los siguientes meses. Según señaló la portavoz de IU, Lola Ruiz, políticos y vecinos tienen previsto reunirse la próxima semana para decidir las actuaciones contra la venta.