Tribunales

El PSOE de Granada cree que condena por caso Emucesa apunta a financiación irregular del PP

  • El acuerdo judicial alcanzado supone el "expreso reconocimiento" de que la contratación estaba destinada a servicios directos que se prestaban al consejero delegado

Miguel Ángel Madrid y Raquel Ruz

Miguel Ángel Madrid y Raquel Ruz

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández, ha considerado que el acuerdo condenatorio al que se ha llegado en el conocido como caso Emucesa por contrataciones fantasma en el cementerio de Granada apuntan a un posible financiación irregular del PP en esta ciudad.

En respuesta a los periodistas, el viceportavoz socialista ha explicado este miércoles que, cuando se produjeron los hechos, no existía el tipo penal que actualmente sí reconoce que los delitos de malversación, prevaricación y falsedad que han admitido supondría hablar de financiación irregular por parte del PP.

Fernández se ha pronunciado de esta forma en la misma línea en la que ya lo hizo ayer el abogado que ha representado al PSOE en esta causa, Joaquín Halcón, quien manifestó que el acuerdo judicial alcanzado supone el "expreso reconocimiento" de que la contratación estaba destinada a servicios directos que se prestaban al consejero delegado al margen de la empresa municipal, como apoyo a su función política.

"Diríamos que, en el entorno de conceptos que ahora manejaríamos más claro, sería una financiación ilegal de un partido político, puesto que se estaba de esta manera financiando el aparato administrativo de apoyo a los concejales", añadió.

Los siete acusados en el caso Emucesa aceptaron penas de prisión que oscilan entre los tres meses y los dos años de cárcel por malversación, prevaricación y falsedad en diversas contrataciones "fantasma" en el cementerio municipal de Granada durante mandatos anteriores del PP.

Las condenas a dos años de cárcel corresponden a los dos exconsejeros delegados del camposanto y exediles populares Eduardo Moral y María Francés, quienes además aceptaron una inhabilitación especial de seis y cinco años, respectivamente, según informaron fuentes judiciales.

Por su parte, los cinco supuestos trabajadores restantes se conformaron con penas que oscilan entre los 3 y los 9 meses de prisión, además de hasta dos años de inhabilitación.

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