El grupo socialista de la Diputación de Granada ha negado hoy haber ordenado que se contrate a militantes del partido en esta institución y ha cesado a su coordinador de seguridad después de establecer una sentencia que intentó colocar a afiliados al PSOE y que acosó laboralmente a una trabajadora.

La reacción de este grupo se produce a raíz de que el Juzgado de lo Social 1 de Granada haya declarado nulo el despido de la que fuese jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve.

La "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando Adarve pidió a la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de afiliados del partido y ella se negó.

Según la sentencia, ha quedado probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado".

Los socialistas, que gobiernan en coalición con IU la Diputación granadina, se han desvinculado hoy de la conducta de Adarve y han afirmado en un comunicado que "jamás" han dado indicaciones de contrataciones laborales "ajenas a la legalidad".

En cuanto a Segurisa, empresa a la que el juez obliga a readmitir y a indemnizar a la trabajadora demandante, el PSOE ha acordado encargar una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de esta compañía, adjudicataria de la seguridad de la Diputación granadina, así como crear una comisión de investigación integrada por todos los grupos políticos.

Los socialistas recuerdan además que la citada sentencia se debe a un litigio entre una trabajadora y Segurisa, en la que la Diputación no ha sido parte.