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Pago de Camaura, historia judicial de una construcción ilegal que terminará en derribo

  • El Ayuntamiento de Granada tiene permiso para entrar pero el propietario recurre todos los autos para intentar paralo

Pago de Camaura, historia judicial de una construcción ilegal que terminará en derribo Pago de Camaura, historia judicial de una construcción ilegal que terminará en derribo

Pago de Camaura, historia judicial de una construcción ilegal que terminará en derribo / maps

El derribo de una construcción ilegal en la Vega lleva coleando desde hace una década con un rosario de sentencias y órdenes que aún no ha concluido pero que va ganando el Ayuntamiento de Granada, que recibió la última autorización judicial este año para la entrada en el recinto y demolición de la zona afectada.

Pero tiene historia. Se trata de una construcción en el Camino de Purchil, 52, conocido como Pago de Camaura.

El juzgado en julio de este año autorizó la entrada al domicilio por parte del Ayuntamiento para el derribo de unas obras ilegales ordenado en 2001 por resolución judicial. La demolición afecta a una construcción en planta baja y alta abuhardillada de unos 350 metros cuadrados en suelo declarado por el Plan Especial de la Vega como no urbanizable, zona a regenerar.

En julio daba el plazo de un mes para la entrada en la propiedad.

Pero el propietario interpuso recurso contencioso-administrativo en el TSJA, al que se opusieron el Fiscal y el propio Ayuntamiento, entendiendo que es nulo al encontrarte judicializado el procedimiento de ejecución subsidiaria en relación a las obras de demolición. En cambio el Ayuntamiento lamenta que el propietario “intentan” suspender el auto “siendo la entrada en domicilio necesaria para la ejecución subsidiaria” de la demolición.

Ya se puso una fecha a la demolición, el 3 de junio de 2019, por ejecución subsidiaria, pero el propietario se negó a permitir la entrada en el domicilio.

Así, solicitó medida cautelar de suspensión hasta que no haya sentencia firme sobre la ejecución subsidiaria para no generar violación del derecho a la defensa.

Alega el propietario que no pueden entrar en el domicilio sin que el interesado pueda hacer acopio de sus pertenencias, dado que el inmueble constituye su domicilio habitual, lo que podría dar lugar a situaciones jurídicas irreversibles.

Pero el propietario no ha visto respaldadas sus peticiones aunque sí ha conseguido dilatar el proceso con los recursos. En 2004 se desestimó ya un recurso de apelación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada de febrero de 2001 que fue el primer requerimiento al dueño para que demoliera “obras no legalizables” ejecutadas en la parcela en suelo no urbanizable de protección especial (Plan Especial de Protección de la Vega) ya que estaban ejecutadas sin licencia municipal y se había construido una vivienda unifamiliar de nueva planta.

En 2014 hubo otra sentencia que desestimó otro recurso de apelación contra un acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de 2010 que ya iniciaba la ejecución subsidiaria.

En 2015 se desestimó otro recurso contra el auto que denegó la adopción de la medida cautelar de suspensión.

Ya en 2019 otra sentencia desestimó el recurso en el que defendía el dueño que parte de la edificación no debía ser demolida por contar con licencia de obra de 1999, que se probó era una petición extemporánea.

Según la última sentencia del TSJA de octubre de 2020, la solicitud de adopción de medidas cautelares tiene consecuencias en diversos planos de la ejecución de un acto administrativo, incluso sobre la autorización de entrada, por lo que no puede ser un motivo de nulidad, como pretende el propietario, de una autorización de entrada concedida anteriormente a una solicitud de medida cautelar. Y resalta que el juez podrá conceder o denegar la autorización judicial para entrar en un domicilio, pero nada más.

Así, el fallo desestima el recurso del propietario contra el auto de autorización de entrada en su domicilio y también impone las costas al recurrente.

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