Hay ocasiones en las que las intervenciones sobre el Patrimonio Histórico van mucho más allá de la simple, aunque necesaria, recuperación de un edificio perdido o a punto de perderse, y hay ocasiones en las que el lugar de la intervención introduce matices de hondo significado en esa recuperación.

Los medios de comunicación, la prensa escrita, sobre todo, nos suele hablar, y viene a ser lo habitual, de grandes intervenciones en importantes núcleos de población y en significativos elementos patrimoniales de rotunda presencia y visibilidad; un castillo, un gran yacimiento arqueológico, una villa o un teatro romano, una iglesia… Y echando mano, además, de toda la parafernalia inversora habitual y de sus protagonistas políticos. Sobre todo, de ese famoso 1,5% del Ministerio de Fomento que los ayuntamientos esperan como agua de mayo con la esperanza de que la restauración de su castillo pueda revolucionar el turismo del municipio y solucionar todos sus males incluido el que la gente huya del pueblo a la ciudad.

La información gráfica que acompaña a la noticia confirma el especial protagonismo del político del ramo, local, provincial o autonómico que, para la ocasión y si es generoso, se suele acompañar de algún técnico que aderece el guiso para que no huela demasiado a gabinete de prensa. Así viene a ser y tengo algo de experiencia en el asunto.

Otra cosa más difícil es leer en los medios información referente a intervenciones en pequeños núcleos de población y sobre elementos patrimoniales que se alejan de esa idea de la gran pieza intervenida y que, además, son fundamentales no sólo por su valor artístico o monumental, sino por otros valores más humildes, pero no menos importantes, por ejemplo, el que ese objeto sea un referente de la memoria colectiva de una comunidad. En serio, cuando se habla de Patrimonio Histórico, la memoria colectiva no es un asunto menor.

También es más difícil leer en esos medios de comunicación, algo que resulta hasta paradójico; que el mayor peso inversor sobre Patrimonio Histórico en la provincia de Granada, recaiga, para bien o para mal, en una estructura creada para canalizar inversiones y potenciar el desarrollo en un ámbito rural alejado de los núcleos urbanos, me refiero a los GDR (Grupos de Desarrollo Rural).

Invertir en la recuperación de un elemento patrimonial de rotundas connotaciones sociales, es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cortes y Graena en la Pedanía de Lopera, recuperando su antiguo lavadero público a través del “Laboratorio de Urbanismo” que dirige la arquitecta Susana García Bujalance con la colaboración del arquitecto José Miguel Molero de Blas y del arquitecto técnico Alberto Manuel Olea.

Recuperar el patrimonio puede significar muchas cosas y tener variadas repercusiones, pero, sobre todo, debe significar la socialización de un bien que un día se perdió o que está en riesgo de perderse y que vuelve a sus legítimos propietarios, los ciudadanos. En este caso, los habitantes de un pequeño núcleo rural, escasamente poblado que necesita, más que ningún otro lugar, la recuperación de los espacios públicos que son seña de identidad, patrimonio común y hermosos recipientes de la memoria.