La concejal del Ayuntamiento de Granada, Marta Gutiérrez, ha pedido al juez encargado de resolver la reclamación a la ciudad de más de 700.000 euros, relativa a supuestos gastos extra de la televisión municipal TG7, que aplace su sentencia hasta que finalice la investigación penal en la que otro juzgado trata de averiguar si hubo delito y quiénes serían los responsables.

En 2016, la productora CBM reclamó al Ayuntamiento ante el juzgado de lo contencioso, el pago de cerca de 700.000 euros por facturas impagadas de supuestos servicios extraordinarios de la televisión municipal, TG7, además de intereses de demora y lucro cesante. Hasta cuatro informes de funcionarios determinaban que las facturas reclamadas no tenían ningún soporte contractual ni legal. Sin embargo, tenían el visto bueno del concejal entonces responsable del servicio, Juan Antonio Fuentes, y existía un informe de la entonces directora de la televisión, Cristina García, en el que afirmaba que los servicios habían sido prestados y que el precio que facturaba la empresa era conforme a precios de mercado. El Juzgado Contencioso dictó sentencia en 2017 determinando que la empresa tenía derecho a cobrar algo más de medio millón de euros, ya que si los servicios se habían prestado, según el informe de la exdirectora, habría enriquecimiento ilícito por parte del Ayuntamiento si este no los pagaba.

Marta Gutiérrez desea evitar que la ciudad pague un millón por irregularidades de otros

Entre tanto, Marta Gutiérrez, concejal y portavoz de Vamos Granada llevó el caso a la Fiscalía, y se inició un procedimiento penal al encontrar la Fiscalía indicios de delito. En ese procedimiento declararon el concejal y la exdirectora como investigados por delitos de malversación y prevaricación y la exdirectora en su declaración declaró que no se ratificaba en el informe, y que para redactarlo no comprobó nada, sino que se limitó a recoger en él lo que le indicaba el concejal Fuentes. Gutiérrez defiende que esta declaración debería ser tenida en cuenta en el procedimiento contencioso, ya que ese informe fue la base para determinar que la empresa debía cobrar. Recientemente el TSJA ha determinado que el Juzgado debe retomar las actuaciones e incluir en el cálculo los intereses de demora y el lucro cesante, con lo que la cantidad a pagar por el Ayuntamiento se podría ver incrementada.

Marta Gutiérrez señala que, al reabrirse el procedimiento en el Juzgado Contencioso, es el momento de que el equipo de Gobierno pida la suspensión por prejudicialidad penal. Es decir, que el Contencioso espere al resultado del procedimiento penal, en el que están apareciendo nuevas pruebas y en el que se dirimen cuestiones como si la empresa pudo ser connivente en esos posibles delitos -y por tanto no tendría derecho al cobro-, la veracidad de los informes emitidos, como es el caso del informe de la exdirectora, o la naturaleza y existencia real de los servicios facturados.

La concejal de Vamos Granada ha presentado escrito ante el Juzgado Contencioso para poner esto en conocimiento de la jueza y solicitarle que suspenda el procedimiento, pero avisa de que es el Ayuntamiento quien tiene la capacidad y el deber de hacerlo en ese tipo de procedimiento, ya que es quien tiene la competencia. "No puede ser que el Ayuntamiento, que somos todos, pague casi un millón de euros por posibles irregularidades cometidas por otros, especialmente cuando hay una investigación en marcha. Si se prueba que hay delito, la responsabilidad debe ser asumida por quien lo ha cometido", expuso la edil.

Polémica. La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, asegura que el Ayuntamiento debe presentar el escrito pues, a su juicio, no es de recibo que la capital, que "somos todos pague casi un millón de euros por posibles irregularidades cometidas por otros, especialmente cuando hay una investigación en marcha". Si se prueba que hay delito, la responsabilidad debe ser asumida por quien lo ha cometido".