Granada

Piden la imputación de Torres Hurtado y su equipo de gobierno en el caso Serrallo

  • Las acusaciones reclaman a la jueza que no concluya la instrucción de esta causa, por haber indicios de nuevos delitos y más personas a las que proponen investigar

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado, que es investigado por su implicación en la presunta trama de corrupción urbanística del caso Nazarí, podría verse salpicado por otro asunto de características similares que se instruye en el mismo juzgado de la capital. Una de las acusaciones del Caso Serrallo, la formada por el partido político VOX, ha pedido a la jueza que llame a declarar como investigados (antes llamados imputados), tanto al exregidor del PP como al resto de su equipo que formaba parte de la Junta de Gobierno municipal.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, es la responsable de la investigación de los dos casos más importantes que afectan al anterior gobierno del PP: el caso Nazarí (una causa muy compleja con al menos ocho asuntos urbanísticos sobre la mesa y 16 investigados) y el del Serrallo (un caso anterior donde se investiga la construcción de una discoteca en una zona destinada a parque infantil). La magistrada consideró conveniente el mes pasado dar por concluida la fase de instrucción de este caso y firmó un auto que daría paso a un juicio contra la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, cinco de sus altos cargos en el área y el empresario Roberto García Arrabal, por cinco delitos: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales y fraude en la contratación.

Las acusaciones popular y particular se suman a la petición de la fiscal de seguir investigando

La jueza estimó que durante los más de dos años transcurridos se han hallado "motivos suficientes" para atribuir esos delitos a los investigados "de forma indiciaria". Pero la Fiscalía y otras acusaciones no están de acuerdo con ese paso dado por la jueza y han recurrido el auto en el sentido de pedir que se continúe con la tramitación de la causa "hasta el total esclarecimiento de los hechos, delitos y personas responsables penal y civilmente", según el recurso de la Fiscalía. Su representante pide la revocación del auto y que se ordenen nuevas diligencias, así como la toma de declaración como nuevo investigado del anterior interventor municipal, por un posible delito de prevaricación.

Esa ampliación del número de investigados es suscrita y completada aún más por otras partes acusadoras. El letrado de VOX, Jorge Fernández Díaz, remitió al Juzgado el pasado 2 de febrero un escrito en el que se adhería al recurso de la Fiscalía y pedía nuevos testimonios como investigados de José Torres Hurtado, "por su evidente implicación", así como del resto de miembros de la Junta de Gobierno Local en aquella época, lo que afectaría a concejales que mantienen aún sus actas de edil en el Consistorio.

La petición se fundamenta en un minucioso desglose de los actos administrativos -que eran competencia del alcalde y de los miembros de la Junta de Gobierno- que se llevaron a cabo para permitir que en aquella zona destinada a espacios libres y ocio infantil se construyera una discoteca y se alterara la concesión administrativa original destinada al parque para niños.

La acusación particular, la del denunciante que dio lugar a este caso, también ha remitido un escrito al Juzgado pidiendo la revocación del auto que pone fin a la instrucción. El abogado José Martín Olmo expone que en las últimas averiguaciones aparecen hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de delitos por parte del anterior interventor, a quien también propone como nuevo investigado.

Hay una prueba pericial pendiente que es el informe de la Intervención General del Estado sobre las obligaciones económicas satisfechas o no por el promotor en el desarrollo de aquella zona. Esta parte pide esperar también a esa diligencia, pues de confirmarse las premisas de la Policía, podría haber nuevos delitos que imputar a los investigados.

El escrito recuerda que si no se mantiene la fase de instrucción no sería posible llamar a declarar a las personas investigadas en relación a las novedades surgidas, crucial para preservar todas sus garantías.

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