Para la Plataforma en Defensa del río Castril, la decisión de la Audiencia de Granada de reabrir las diligencias penales que se habían archivado sobre las obras del trasvase no viene sino a darle la razón sobre la existencia de que aquella actuación es carne de investigación judicial. Ayer, tras conocerse la tildada por el colectivo denunciante como "buena noticia", su presidente, Miguel Ortiz, quiso dar la cara en Plaza Nueva. El representante valoró positivamente tanto la reapertura del caso como el hecho de que la Fiscalía se haya adherido a sus reivindicaciones con el objetivo de que se indague "a fondo" y se demuestre que las obras eran "innecesarias y -presuntamente- ilegales".

"Creemos que es muy importante que se hayan reabierto estas diligencias penales, no sólo porque se haya cometido una injusticia con Castril y Cortes, sino porque no debería ni debe de quedar impune", manifestó Ortiz. Cabe recordar en este punto que fue esta plataforma la que presentó, en 2009, la denuncia que motivó la apertura de las diligencias en el juzgado de Huéscar y en la que se advertía de que las obras podrían estar afectando al conjunto histórico de Castril, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, tiene un grado de protección alto. Asimismo, ha sido el colectivo el que, mediante su recurso, ha propiciado la reapertura de la causa.

Ortiz confía en que el juzgado lleve a cabo ahora una investigación que profundice en toda la problemática del trasvase del río Castril, pues, como recordó, el Ministerio Fiscal "ha pedido que se investigue desde el inicio qué obras son las que se aprobaron y qué obras son las que se han realizado". La plataforma ya denunció en su día que las obras llevadas a cabo "no se correspondían con las que se habían aprobado", puesto que "no sólo afectaban al río y al bosque de ribera, sino que lo atravesaban por cuatro puntos".

Los denunciantes pretenden que las autoridades competentes se den cuenta de que es necesario "restaurar no solamente los daños físicos de la zona, sino también los daños morales a todos los propietarios que en su día se nos trató poco menos que como delincuentes". Esos "daños" han sido, precisaron, por un lado, la "destrucción" de la vega del Castril y de árboles centenarios y cosechas, y por otro el perjuicio moral causado "a mucha gente que ha visto cómo se ha entrado injustamente en sus tierras y cómo se las han destrozado". El colectivo pidió en su día que se tomara declaración a los responsables de la empresa, de la Confederación y al director de las obras, aunque ahora va a estudiar la posibilidad de ampliar las imputaciones.

El acto convocado ayer por los denunciantes se produce tras conocerse que la Audiencia de Granada ha estimado su recurso de apelación, revocando de ese modo la decisión que en su día tomó el juzgado de dar carpetazo al asunto.

En el marco de esta causa, independiente de la que ha llevado este asunto por la vía administrativa al Tribunal Supremo, se deberá determinar la posible existencia de delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio en las obras de trasvase.