La Plataforma 25N contra la Violencia de Género ha exigido este domingo la puesta en libertad de Juana Rivas y ha criticado que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada todavía no haya respondido a la petición de suspensión de pena que pidió su abogado tras el indulto parcial concedido por el Gobierno.

Esta solicitud se produce después de que el letrado de la vecina de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ya expresara su malestar por la tardanza del juzgado en resolver su petición para que pueda ser suspendida la pena de cárcel que le queda pendiente y que la mantiene en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos.

La Plataforma 25N ha censurado que, más de medio mes desde que fuera indultada por el Ejecutivo central el pasado 16 de noviembre, Rivas esté "de nuevo a merced de lo que disponga el juez Piñar, cuya misoginia y persecución ha quedado claramente demostrada", ha indicado en un comunicado.

"En el caso de Juana Rivas el juez Piñar no sólo no concedió inicialmente la suspensión del ingreso en prisión a la espera de que se resolviera el indulto (...) sino que dictó una orden de ejecución urgente, con búsqueda y captura incluida, tratando a Juana como si de una terrorista peligrosa se tratase", ha manifestado el colectivo.

La plataforma cree que el que considera "un ensañamiento" continúa actualmente, dado que el juez "ni tan siquiera ha respondido" todavía a la petición de suspensión de la pena que Rivas solicitó hace ya más de 15 días.

"Juana Rivas y sus hijos vinieron huyendo de una situación de malos tratos, buscando protección y apoyo en su país, que los ha desprotegido, ejerciendo verdadera violencia institucional contra ellos", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que España todavía cuente con un sector importante de miembros del sistema judicial "que mantienen una clara actitud de desobediencia" a una de las legislaciones del mundo más avanzadas en materia de violencia de género, y ha situado al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada como "destacado exponente".

Por ello, la plataforma ha exigido a las autoridades competentes que adopten las medidas oportunas para impedir que se reproduzcan estas situaciones, que ven como una clara vulneración del Estado de Derecho.

"Una función tan transcendental como impartir justicia no puede estar en manos de quienes la pervierten", ha concluido.

El Gobierno concedió el indulto parcial a Rivas después de que fuera condenada en firme a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido.

Con esta medida de gracia se rebajó la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.