Granada

Promotores de VPO denuncian a la Junta en el TSJA por el impago de 11 millones de subvenciones

  • Empresarios de Granada, Sevilla y Almería recurren a la vía penal para aclarar el destino de fondos del Ministerio El Gobierno andaluz asegura que no ha recibido ningún abono

A los promotores de vivienda protegida se les ha acabado la paciencia. Después de más de 24 reclamaciones ante distintos responsables de la Junta de Andalucía, varios constructores de VPO de Granada, Sevilla y Almería han llevado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los impagos por parte de la administración autonómica de las subvenciones concedidas por el Estado para la construcción de unas viviendas sociales que ya están terminadas y ocupadas.

Lo que piden estos promotores, representados por las organizaciones empresariales ACP Granada, ACP Almería y Gaesco y que han recurrido a la vía penal, es que la Fiscalía investigue "el destino dado por la Junta de Andalucía a 11 millones de euros de fondos para subvenciones del Estado que iban dirigidos a empresas promotoras andaluzas para la construcción de VPO y que todavía, transcurridos más de dos años, no se han abonado".

Según explican desde la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, las ayudas a la VPO son subvenciones finalistas -es decir, que no se pueden destinar a ninguna otra partida que no sea la inicial-, pero no han llegado a su destino pese a que sí que han salido de Madrid, tal y como, asegura, les ha certificado el Ministerio de Fomento.

El proceso habitual es que el Gobierno central, de donde parte originariamente estos fondos, abona a la Junta de Andalucía las cuantías correspondientes una vez conocidos los expedientes de construcción de las promociones protegidas; y es la Junta la que tiene que abonarlas a los promotores. Sin embargo, este "complejo proceso" que funcionó "de un modo fluido" desde su puesta en marcha en 2008 con la entrada en vigor del Plan Andaluz de Vivienda, se vio interrumpido en 2012, "año a partir del cual las subvenciones no han sido abonadas por la Junta".

El secretario general de ACP Granada, Francisco Martínez Cañavate, explica que los promotores se han decidido a dar el paso ante la "desesperación" de un sector terriblemente acuciado por la crisis y después de haber mantenido más de una veintena de encuentros desde febrero de 2011 hasta este pasado mes de diciembre para reclamarle el pago con diversas autoridades autonómicas -incluido el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán-. "Ante la pasividad de los distintos estamentos reclamados de la Junta de Andalucía y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago, nos vemos obligados a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos o gestión fraudulenta de subvenciones", indica Martínez Cañavate. Los promotores han dedicado dos años a intentar solventar por las buenas un problema que ha mantiene a las empresas en una situación de "estrangulamiento financiero próximo a la quiebra", pero ha sido en vano, así que por ello recurren a una "instancia superior" que investigue los hechos.

Lo que quieren saber los promotores es "dónde han aplicado los fondos, quiénes son los responsables de que no se hayan dirigido al fin para el que fueron presupuestados, el modo en el que reintegrarlos a sus beneficiarios y, en definitiva, el porqué de esta atropellada situación".

En el caso de esta denuncia, las asociaciones promotoras de Granada, Almería y Sevilla representan a alrededor de una decena de empresas, que tienen una quincena de expedientes de VPO sin pagar por valor de 11 millones. Sin embargo, Martínez Cañavate explica que estos promotores "no son los únicos", ya que la patronal calcula que hay expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros.

Además, desde la ACP reprochan a la Junta de Andalucía que "no haya aprovechado" en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "sacar las deudas de los cajones" y saldarlas para "no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un importante sector generador de mano de obra y puestos de trabajo".

Por su parte, el delegado de Fomento y Vivienda, Manuel Morales, negó ayer rotundamente que el Gobierno andaluz haya recibido las ayudas del Ministerio de Fomento y las haya destinado a otros fondos, y aseguró que lo que el Gobierno central se limitó a decirles "que les adelantaba el pago con cargo a la Junta", por lo que les generaron "la expectativa de poder cobrar". Además, Morales apuntó que los promotores "mezclan" en esos 11 millones "varios conceptos" que dependen de distintas administraciones e indicó que las subvenciones de las que debería hacerse cargo la Junta "están sujetas a disponibilidad presupuestaria".

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