La plataforma de propietarios granadinos afectados por la normativa de las vías pecuarias manifestó ayer su "indefensión" y el "silencio de las administraciones" en el proceso de declaración de dominio público de 543 hectáreas en el término municipal de Íllora.

En una rueda de prensa en la Oficina del Defensor del Ciudadano en Granada, tres de los propietarios afectados por la decisión administrativa criticaron el procedimiento según el cual cinco cañadas y dos veredas pasan ahora por sus tierras. José Luis Arévalo, uno de ellos, aseguró que el problema se remonta a 1967, cuando "un técnico del Ministerio de Medio Ambiente se puso de acuerdo con el Ayuntamiento y pintaron las cañadas reales que podrían ser, pero sin fundamento histórico". Esa delimitación afecta, en su caso, además de a un cortijo "con más de cien años" a un molino de harina cuya existencia se data desde 1614 y que estaría atravesado por la cañada.

Otra de las afectadas, Ana Cubero, mostró las escrituras de su finca, del siglo XIX, "que no valen ahora". Además, criticó que en 2001 compró tierras a un hermano suyo y "nadie me avisó de que estaba comprando parte de una cañada real". En enero, Cubero comprobó que habían colocado "unas estacas" delimitando la cañada real en su finca.

Unos 150 propietarios afectados, explicó el tercero, Fernando Fernández, presentaron dos escritos al Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente porque en el acto de declaración "se evitó todo contacto con los interesados, no se les escuchó", y, por lo tanto, pidieron la nulidad del proceso. Como no obtuvieron respuesta, remitieron otra petición a la Delegación provincial de Medio Ambiente por la "celada" contra los propietarios que tampoco ha sido contestada. "No se nos dio notificación alguna, sólo se publicó en el BOE" criticó Fernández.