Granada

Ramón Arenas, en contra de que la ciudad pague los 'desmanes' del PP

  • El alcalde dice que buscarán la fórmula menos "gravosa"

  • La oposición exige que paguen los culpables

El empresario Ramón Arenas.

El empresario Ramón Arenas. / carlos gil

La primera sentencia del caso Nazarí que obliga al Ayuntamiento a pagar 1,4 millones de euros al empresario Ramón Arenas ha levantado ampollas en la plaza del Carmen. Grupos municipales como C's, Vamos Granada e IU pidieron ayer que sean los culpables de esta trama quienes asuman las cantidades que se deriven de esta operación que ya empieza a arrebatar dinero a las debilitadas arcas municipales. Una opinión que comparte el propio afectado, Ramón Arenas y denunciante, quien ayer pidió que los granadinos no paguen los "desmanes practicados que se van conociendo a través de la operación Nazarí".

A través de su letrado, Jorge Fernández, el empresario destacó que a tenor de la sentencia, de la que resulta una grave negligencia del Ayuntamiento en la venta de la parcela en lo que fue en beneficio de Fontedeis, se evidencia que la indemnización acordada debe ser "repetida" por el Ayuntamiento a los funcionarios y cargos públicos responsables, con más razón "cuando el asunto está investigado en vía penal por delito". "Este expediente de repetición es obligatorio para el Ayuntamiento", añadió Arenas que cree que la capital tendrá que mover ficha.

En este sentido, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, destacó ayer que la capital buscará la fórmula "menos gravosa" para afrontar la sentencia y destacó el respeto a las decisiones judiciales. "Esto es un palo más a Granada fruto de la anterior gestión del PP", añadió el alcalde, quien destacó que "sufre" por el daño que la gestión anterior está provocando tanto en el área económica como urbanística. "Cada mes que pasa encontramos un nuevo varapalo que tenemos que abordar", dijo Cuenca quien avanzó que "vamos a estudiar y valorar la sentencia antes de actuar buscando la fórmula menos gravosa y transparente".

El portavoz de C's, Manuel Olivares, indicó ayer que este tipo de actuaciones "han perjudicado a particulares con gestiones que finalmente terminamos pagando todos los granadinos. "Al final, la ciudadanía tiene la sensación de que gestores e implicados en estos trámites salen impunes y que la administración no tiene que rendir cuentas de lo que se hace mal", remarcó el edil cuya agrupación defiende que hay que depurar responsabilidades. "No podemos levantarnos cada mañana con noticias en la prensa de sentencias que ponen en evidencia una gestión llevada en el área de Urbanismo con grandes perjuicios no solo a particulares, sino al conjunto de la ciudadanía, que es quien al final ve que sus recibos suben para hacer frente a los pagos de lo recogido en los fallos judiciales".

Por su parte, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, consideró que el Ayuntamiento ha sufrido con esta sentencia otro revés económico como consecuencia de los desmanes de la gestión del PP. "¿Tenemos que pagar todos los granadinos por la mala gestión de unos cuantos?" se preguntó la edil, quien destacó cómo todavía hay nueve causas de presunta corrupción política (Serrallo y Nazarí) investigadas por los juzgados. Ante esto, Vamos Granada destacó la necesidad de reclamar estas indemnizaciones millonarias a sus responsables directos en lugar de cobrarlas de "la hucha común".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, dijo que es "impresentable que, habiendo una trama de corrupción urbanística que se está investigando y unos responsables directos al final sobre esas actuaciones, quien tenga que pagar las consecuencias sean los granadinos". En este sentido, recordó cómo las irregularidades podrían haber producido un daño superior a los 27 millones de euros. "Una vez que haya sentencia de condena por irregularidades de la operación Nazarí se deberá presentar reclamación patrimonial contra los responsables políticos y técnicos algunos de ellos imputados que permitieron las irregularidades y exigirles que respondan con su patrimonio así como restituir la legalidad urbanística", remarcó.

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