A veces, las armas arrojadizas pueden volverse contra quienes las lanzan, provocando lo que se conoce como el efecto bumerán. El PP, que en las postrimerías del último mandato socialista en la Diputación denunció supuestas irregularidades en las oposiciones convocadas por la institución provincial, se encuentra ahora con una demanda en contra.

Tal y como anunciaron, dos candidatas a cubrir las nueve plazas de auxiliar de servicios generales que se convocaron en julio de 2010 han acudido ahora al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada para solicitar que se declare nulo aquel proceso de selección y, como medida cautelar, se decrete la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos que ahora se impugnan.

Las demandantes suspendieron el segundo de los tres ejercicios de que constaba aquella oposición y, el 30 de mayo de 2011, dirigieron un escrito al entonces presidente del organismo, Antonio Martínez Caler, denunciando numerosas irregularidades que aseguraban haber detectado. Entre otras, destacaban el parentesco de consanguinidad de un miembro del tribunal con una candidata, la relación de varios componentes del tribunal examinador con los sindicatos UGT y USO o el nombramiento de ese tribunal por parte del vicepresidente de la Diputación, que tenía "una amistad clara y manifiesta con el padre de un opositor". Ese escrito no fue contestado, se celebró el tercer y último ejercicio y se cubrieron las plazas.

Posteriormente, el 1 de julio, interpusieron un recurso de alzada, lo que provocó que el día 19 de ese mes el presidente de la Diputación decidiera dejar en suspenso los resultados finales de la oposición hasta que se resolviera ese recurso.

Eso ocurrió el 5 de octubre, cuando el presidente ya no era Martínez Caler, sino Sebastián Pérez. El recurso de alzada se desestimó al entenderse que se habían respetado las bases de la convocatoria y la normativa correspondiente. "No se desprende del contenido de las mismas la existencia de infracciones del ordenamiento jurídico", rezaba textualmente.

Las opositoras no se conforman y ahora presentan un recurso contra esa resolución. En el mismo se destaca que aquel proceso de selección estuvo plagado de "irregularidades materiales y formales", que se lesionaron "derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional" y que se prescindió "del procedimiento legalmente establecido, por haberse infringido numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico".

En consecuencia piden que se declare nulo el proceso de selección o que, con carácter subsidiario, se ordene retrotraer las actuaciones al momento de valoración del segundo ejercicio "a fin de que por el tribunal calificador se motive expresa, precisa e inequívocamente el criterio de corrección aplicado y la puntuación obtenida por todos los candidatos, o al menos por las recurrentes y los nueve aspirantes que a la postre superaron el tercer ejercicio".

Demandan también la "exhibición de los concretos exámenes realizados por unas y por otros, con revisión de los mismos con arreglo a los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad".