Los 12 folios del auto judicial que podría cerrar la fase de instrucción del caso Serrallo y que procesa a 17 personas, entre ellas el exalcalde del PP José Torres Hurtado, contienen media docena de claves que demuestran por qué este asunto ha asumido una trascendencia en otros órdenes, como el político, el económico o el judicial, que puede incluso ir a más con el paso de los meses.

1. La construcción: del quiosco de chucherías a la discoteca

La génesis del caso es la investigación de una posible vulneración de la normativa urbanística, con prevaricación, al haber permitido el Ayuntamiento que un promotor levantara una discoteca en una zona verde donde estaba previsto un parque infantil. Señalan los informes técnicos que la construcción sería "contraria a la ordenación urbanística", por haber superado los metros de obra permitidos y por el destino a "usos claramente prohibidos". "Una muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad", sintetiza la juez y agrega que los usos de apoyo permitidos en el PGOU "se refieren a quioscos de chucherías o bebidas para los principales clientes de un parque infantil: los niños".

Pero la propia magistrada advierte en su auto de que la causa ha ido más allá y se han planteado otras cuestiones de mayor gravedad, como el incumplimiento del pliego de condiciones en la concesión de aquella obra. Esta cuestión no es menor, pues supone agregar algunos importantes delitos a la lista de imputaciones, como el de fraude en la contratación. Y hasta malversación de caudales públicos, dado que -como indica el auto- en caso de que el Ayuntamiento hubiera sacado a concurso una discoteca en lugar de un parque infantil, "podrían haber participado otras empresas y con otras ofertas de canon económico de concesión que pudieran haber sido más rentables para los intereses generales" del municipio.

2. Perjuicio para las arcas municipales

No es solo en ese hipotético concurso público de una discoteca que no se hizo en el que el Ayuntamiento podría haber perdido dinero, si no que, de un modo más tangible, la investigación ha girado durante muchos meses sobre el dinero que el promotor del Serrallo habría dejado de pagar a la ciudad para liquidar sus obligaciones económicas. La Policía lo cifró en 2,4 millones de euros y los peritos de la Junta sumaron 307.000 euros de obligaciones de pago sin justificar. La magistrada matiza que esta última valoración es parcial, pues no incluye otras consideraciones de tipo contable.

3. Puerta abierta a la demolición y otras reclamaciones

Durante la instrucción de este caso se ha valorado el hipotético coste de demolición de la discoteca (114.872 euros), por si la resolución judicial final incluyera esa condena y los implicados tuvieran que asumir el coste. También señala la juez en su auto a los posibles responsables civiles o partícipes a título lucrativo, que son tres empresas con las que estaba vinculado el promotor García Arrabal, aunque actualmente consta que vendió su participación en ellas. Durante los años en que se ha investigado este caso, otro empresario ajeno compró el negocio de la discoteca y pagó por él 415.000 euros. Ahora está personado en la causa como perjudicado y ha llegado a reclamar fianzas de más de 2 millones de euros a los investigados.

4. "Trato de favor" al contratar al hijo de Lorente: cohecho

De los ocho delitos que el auto de la juez de instrucción imputa a los investigados, el de cohecho sólo concierne a dos de ellos, un alto cargo municipal y el empresario. Tanto el exdirector de Obras de Urbanismo Manuel Lorente como el promotor Roberto García Arrabal reconocieron ante la juez que el hijo del funcionario había trabajado contratado en las empresas del otro investigado. Explicaron que estaba empleado como controler financiero, pero Lorente argumentó que su hijo era independiente y que eso no le afectó en su trato profesional con el promotor durante aquellos años de relación laboral. A juicio de la magistrada, esta "relación personal y laboral mediadora entre ambos" llevó a que hubiera un posible "trato de favor".

5. Los concejales: el Caso Nevada como antecedente

La parte del auto firmado por la juez María Ángeles Jiménez que más trascendencia política tiene en estos momentos es la implicación de los concejales del PP que formaron parte de la junta de gobierno local en 2012 cuando se aprobó el cambio de usos y horarios del Serrallo para permitir la apertura de la discoteca. La mayoría de ellos, sobre todo los que aún permanecen como ediles en el Ayuntamiento, alegaron que desconocían el contenido de lo que votaban y que lo solían hacer de una forma "automática". El propio Torres Hurtado esgrimió el mismo argumento de defensa. Toda la responsabilidad la dejaron sobre la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Pero la juez insiste en que ese no es un argumento válido porque un concejal tiene que asumir la responsabilidad civil y penal de lo que vota. Tiene la obligación de informarse todo lo que sea necesario para poder emitir su voto y asegurarse de que se ajusta a la legalidad. La magistrada, que escuchó una y otra vez a los concejales explicar su ignorancia sobre los temas tratados en junta de gobierno, reivindica ahora en su escrito el papel trascendente de los políticos que ocupan cargos públicos, pues recuerda que sus decisiones "determinan claramente la dirección de la política local".

Además de referirse a la normativa que regula a las corporaciones, la juez se basa en una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que fue la del caso Nevada. En aquella ocasión, el tribunal optó por condenar a todos los concejales del Ayuntamiento de Armilla que votaron a favor de conceder la licencia de obras al promotor de ese centro comercial.

Las defensas han argumentado que aquella condena luego fue revocada por el tribunal de Estrasburgo, aunque no ocurrió así por una cuestión de fondo, sino de forma, dado que no habían sido acusados ni condenados en el juicio celebrado en primera instancia. A diferencia de aquel caso, esta juez de instrucción sí ha optado por incluir a todos los concejales desde el primer momento para que puedan ser juzgados por ello, si así lo piden las acusaciones. La magistrada sostiene en su auto que aquel caso es "en términos generales, idéntico al que consta en la presente causa".

5. Las acusaciones: el momento de pedir las penas concretas

Tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones personadas tienen ahora 20 días para preparar y enviar al Juzgado sus escritos de calificación, donde deberán proponer el archivo de la causa o, por el contrario, acusar a los procesados y especificar los delitos, las penas y las peticiones económicas o de otra índole que consideren aplicables tras la investigación.

La representante del Ministerio Público es la fiscal delegada de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, que con sus peticiones e interrogatorios fue la principal responsable de que el caso haya aumentado de envergadura, sobre todo en el último año. La acusación que más ha sobresalido por su actividad en esta causa es la de VOX, representada por el letrado Jorge Carmelo Fernández Díaz. También ha recibido los ataques más duros por parte de las defensas.

La única acusación particular es la del denunciante original del caso, un funcionario jubilado que llevó este tema a la Fiscalía. Otras acusaciones populares como la de la empresa propietaria del Centro Comercial Nevada o el Ayuntamiento de Granada han permanecido más inactivas. Y la del posible perjudicado, Abel Pizarro, se ha centrado en la petición de responsabilidades económicas.