El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado el "acoso y la persecución" a la que la Dirección General de Policía (DGP) está sometiendo a los agentes que trabajan en la provincia de Granada. Tal y como ha denunciado el sindicato, esta investigación interna viene a raíz de las denuncias realizadas a los medios de comunicación en las que el SUP hacía públicas las pésimas condiciones laborales que sufren los policías que tienen que trabajar con los inmigrantes ilegales.

Según ha indicado el SUP, la DGP "ha reabierto una información reservada con la que intentan localizar a aquellas personas que realizaron las fotografías" donde se denunciaban las "precarias condiciones" en las que se encontraban las instalaciones donde los policías de Motril desarrollan su trabajo. Tal y como denuncia el sindicato, desde la DGP se "ha apuntado directamente a aquellos compañeros que prestan su servicio en dichas instalaciones o que estuvieron en algún momento en las mismas", como supuestos responsables.

Esta investigación interna ha propiciado que desde el SUP se tilde de a la Dirección de la Policía de "incapacidad para resolver los graves problemas de seguridad, infraestructuras e incumplimientos que en material laboral sufren los compañeros que tienen que atender a los miles de inmigrantes ilegales que llegan mes a mes a Motril".

Precisamente, esta falta de respuesta de la DGP denunciada por el sindicato, habría propiciado que decidieran "utilizar, de manera que no queremos calificar de cobarde y ruin, sí en todo caso de improcedente, la apertura de dicha información a modo de chantaje para amedrentar a los compañeros y silenciar las denuncias, obstaculizando así el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales como es la denuncia de las execrables condiciones de trabajo a las que se les somete".

Esta "caza de brujas" se inició hace poco más de un mes cuando se instó la apertura de información reservada. Dicha información fue remitida a Madrid donde ante la falta de fundamento y pruebas se esperaba su archivo. Sin embargo, el SUP ha indicado que el pasado viernes se les comunicó su reapertura.

En la misma han sido citados hasta la fecha dos policías nacionales como imputados por alguna de las más de 60 faltas de las que consta la Ley Orgánica 4/2010 de Régimen Disciplinario del CNP y que pueden conllevar hasta 6 años de suspensión de empleo y sueldo.

El sindicato defiende que "todos pudimos ver las fotografías en los medios de comunicación", así como que "no ponían en riesgo ningún elemento de seguridad ni aparecían en las mismas ningún policía o inmigrante ilegal. Sólo unos módulos cochambrosos de desguace que habían sido enviados a Granada para seguir parcheando la falta de infraestructuras en Motril".

Por todo ello, desde el SUP-Granada afirmaron "tajantemente que no se ha infringido ningún artículo de nuestro régimen disciplinario y lo que es más grave, no existe ninguna prueba que pueda determinar que personas o personas, policías o no, realizaron dichas fotografías".

Así, lo ocurrido ha sido tildado de "una artimaña abominable para silenciar denuncias con el fin de que los medios de comunicación y la opinión pública no tengan conocimiento de lo que sucede", que no ocurría "desde tiempos del fallecido dictador", en referencia a Francisco Franco.

Por todo ello, el SUP ha instado a la Dirección General de la Policía a que cite a quienes denunciaron en prensa dichas deficiencias y "deje en paz a los compañeros que día a día se dejan la piel en la provincia de Granada. Que citen al SUP Sindicato que lleva años denunciando dichas condiciones laborales, y como máximo responsable a su Secretario General César Calín que fue quien denunció y comentó dichas fotografías".