La investigación del caso Serrallo, relacionada con la construcción de una discoteca en un terreno destinado a parque infantil, ha sacado a la luz una nueva relación laboral o societaria entre el empresario Roberto García Arrabal y algunos familiares de cargos en el Ayuntamiento de Granada. En concreto, se trata de un hijo de la concejal del PP Telesfora Ruiz, que administraría una de las sociedades que gestionan el complejo deportivo del Campus de la Salud.

La jueza que instruye este caso, María Ángeles Jiménez, citó ayer a declarar a dos de los investigados de este caso precisamente para que explicaran los vínculos laborales entre las empresas del constructor del Serrallo y uno de los hijos del que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente. En un auto reciente, la magistrada ordenó estas nuevas comparecencias de García Arrabal y el funcionario como posibles autores de un delito de cohecho, que podría sumarse a los otros cinco delitos investigados (contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación).

La jueza investiga la relación laboral con 3 hijos de Lorente y con el de la concejal del PP

En el transcurso de la primera comparecencia judicial de ayer, la de García Arrabal, no sólo fue preguntado por la contratación del hijo de Manuel Lorente en sus empresas, y por los vínculos que tendría el promotor con otros dos hijos del mismo funcionario. También salió a relucir la supuesta vinculación laboral o societaria de García Arrabal con el hijo de la actual concejal del PP Telesfora Ruiz, que ha sido, durante el gobierno de Torres Hurtado, teniente de alcalde, concejala de Movilidad y luego asumió el área de Medio Ambiente, encargada de las licencias municipales.

Además de sus funciones específicas como concejal delegada de esas áreas municipales, Telesfora Ruiz fue miembro de la junta de gobierno local durante aquellos años en los que se centra la investigación. Por tanto, su voto, como el del resto de ediles del PP que la integraban, fue decisivo para permitir la apertura de la discoteca en el Serrallo y para aprobar los acuerdos que perseguían su legalización.

García Arrabal, cuyo abogado prefirió no hacer declaraciones al término de la comparecencia, fue preguntado por los vínculos con el hijo de esta concejal del PP, que figura como administrador único de la sociedad Campus Fútbol Club SL, explotadora de una parte de las instalaciones deportivas construidas por García Arrabal en el Campus de la Salud. La legalidad de estas construcciones son también objeto de investigación por parte del mismo Juzgado en el caso Nazarí, en el que también está imputado el empresario Roberto García Arrabal, el exalcalde José Torres Hurtado y otros cargos políticos y trabajadores del Ayuntamiento , por haber favorecido supuestamente los intereses del promotor.

En otra de las sociedades que explota estas instalaciones deportivas, Campus Padel Club SL, aparece también como administrador mancomunado el hijo del exresponsable de Urbanismo Manuel Lorente, un vínculo por el que la jueza volvió a tomar declaración a ayer a los dos investigados. Este familiar llegó también a estar contratado por la Corporación García Arrabal como "controler" financiero de las empresas de este grupo, incluidas las del Serrallo y el Campus.

Según explicó el letrado del funcionario, Ernesto Osuna, el hijo de Lorente "es una persona muy preparada" y es normal que haya sido contratado por las empresas de García Arrabal u otras porque "cualquier sociedad en Granada tiene relaciones o pide licencias al Ayuntamiento".

El empresario, según fuentes judiciales, habría admitido los vínculos laborales con descendientes de personas que tenían cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Granada y argumentó que tenía más de medio centenar de empresas y más de 700 empleados, lo que hace muy posibles estas coincidencias. Es más, García Arrabal informó a la jueza de los vínculos laborales con otro hijo de un funcionario municipal, que en este caso es un testigo de cargo contra él en el caso Nazarí.

Los investigados que declararon ayer por el supuesto delito de cohecho en el Juzgado de Instrucción 2 se limitaron a responder a las preguntas de la fiscal, Sara Muñoz Cobo, de la jueza y de sus defensas. No se prestaron a responder las cuestiones planteadas por el abogado de la acusación popular, Jorge Fernández, quien sí hizo constar sus preguntas.

Este letrado incidió especialmente (respecto a García Arrabal) en esos vínculos recientemente hallados entre el empresario y el hijo de Telesfora Ruiz. Quiso que el promotor ratificase que la edil intervino en la votación de la junta de gobierno que aprobó la ampliación de horarios y usos para la discoteca del Serrallo y en la aprobación de la Ordenanza de Edificación con la que se pretendió "legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado", en palabras de la propia jueza en su último auto.

También fueron interpelados el promotor y Lorente sobre las relaciones mantenidas con otros dos hijos del funcionario, uno como socio en una de las empresas y otra como avalista. Estos vínculos ya fueron puestos de manifiesto en un informe de la Policía elaborado en la investigación del caso Nazarí.

Las revelaciones de este caso que han resultado significativas para el del Serrallo son precisamente el motivo de que la jueza ordenara en su último auto del pasado 3 de marzo continuar con la instrucción de estas diligencias abiertas en 2014 y ampliar el número de delitos e investigados en la causa.

El más relevante es el exalcalde Torres Hurtado, que ha sido citado a declarar el próximo jueves como imputado también en este caso, dadas sus relaciones con el ámbito del Urbanismo que la investigación del caso Nazarí ha puesto sobre la mesa.

Y la jueza dejó en el aire con ese auto la posible imputación de todos los miembros que componían la junta de gobierno local que aprobó el cambio de horarios y usos de la discoteca del Serrallo. Lo vinculó al resultado de la declaración de Torres Hurtado; si bien los nuevos datos sobre los vínculos con el hijo de Telesfora Ruiz podría tener alguna repercusión adicional, según fuentes de la investigación.